Noticias de Política Económica (número 19)

1.- III Taller de Política Económica. Evaluaciones de políticas económicas. La Laguna, 18 de Mayo de 2018

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2.- XIV SIMPOSIO HISPANO-RUSO <Retos actuales para las Políticas Económicas y Sociales de Rusia y España>. Sevilla, 21-22 de Junio de 2018 (Organiza: Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia y Universidad de Sevilla).

Solicitud de trabajos

En 2018 tendrá lugar la XIV edición del Simposio Hispano-Ruso. Tradicionalmente, se organiza cada año y, alternativamente en Rusia y en España. En este caso, tendrá lugar en Sevilla en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Sevilla) cita en Av. de Ramón y Cajal, 1 (41018, Sevilla). Como en otras ediciones los temas que se analizarán se referirán a España y a Rusia y a sus entornos, con frecuencia Europa. Los aspectos que entran dentro del interés del Simposio son de carácter socio-económico, político, empresarial y cultural. No obstante, desde hace ya varias ediciones existe un especial interés por los análisis de Política Económica.

Entre las temáticas que se pretende debatir se encuentran:

• Cambios Estructurales necesarios en España y Rusia como desafíos para las Políticas Económicas.
• Avance en el proceso de globalización o proteccionismo comercial: Amenazas y Oportunidades para las Políticas Económicas.
• El centralismo o la descentralización como retos para las Políticas Económicas.
• Particularidades nacionales de los procesos políticos. Viejos problemas y nuevos retos económicos y sociales.
• Europa y Rusia en el contexto de la guerra de sanciones: interacción económica-comercial hispano-rusa y la competitividad.
• España y Rusia: posibilidades y límites de la Cooperación.
• El Emprendimiento como vector de la Política Económica.

La lengua oficial del encuentro científico es el español.

Una selección de las ponencias será publicada en forma de libro en Rusia.

La propuesta de participación incluye 5 informaciones esenciales: Nombre y Apellidos, Organización‐Ciudad‐País, Cargo, Título de la propuesta de ponencia, Correo electrónico de contacto.

Los plazos son los siguientes (fechas límites):

Envío de propuestas: 27 de abril

Envío de ponencia: 30 mayo

Envío de versión definitiva para su publicación: 15 de julio

Más información y envío de propuestas y trabajos (Comité organizador):

• Macarena Pérez

Tel.: +34 955 42 00 73, +34 954 55 75 12

e-mail: sej230@us.es ; http://departamento.us.es/deconapli3/

• Petr Yakovlev

Tel.: +7 (495) 951‐13‐31, +7 (495) 951‐53‐23

e‐mail: ilacentroiberico@gmail.com ; www.ilaran.ru

3.- Encuentro de Política Económica: Política Monetaria y redistribución: últimas evidencias. Valencia, 14 de Septiembre de 2018

Organización: Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia

Contacto e información: Carlos Ochando Claramunt (carlos.ochando@uv.es)

Solicitud de trabajos

Como respuesta a la Gran Recesión, los principales Bancos Centrales se vieron obligados a aplicar medidas de política monetaria no convencionales de signo expansivo. Hasta el momento presente, los efectos de la misma sobre la desigualdad y la distribución de la renta han sido poco estudiados por los expertos en esta materia. Por otro lado, la crisis y sus consecuencias han puesto el problema de la desigualdad en el núcleo central de la agenda social y política. El objetivo del Encuentro será analizar, tanto desde una perspectiva teórica como empírica, los canales sobre los cuales la política monetaria expansiva no convencional afecta la distribución de la renta y la riqueza, intentando extraer algunas lecciones para el diseño e instrumentación futura de la política monetaria, especialmente, en la eurozona.

Fecha de presentación de propuestas: 15 de julio de 2018

Fecha de aceptación de propuestas: 30 de julio de 2018

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4.- 15th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Bilbao (Spain), 28th and 29th of June 2018.

Organization: The Department of Applied Economics V of the University of the Basque Country UPV/EHU (Spain) and the Cambridge Centre for Economic and Public Policy, Department of Land Economy, of the University of Cambridge (United Kingdom)

At the conference there will be a Special Session with Invited Speakers on the topic of "Inequality: Trends, Causes, Consequences, Relevant Policies" and one Keynote Speaker: Professor Facundo Alvaredo (Paris School of Economics).

Proposals of papers and Organized Sessions on all areas of economics are welcome. An Organized Session is one session constructed in its entirety by a Session Organizer and submitted to the conference organizers as a complete package. A proposal of an Organized Session must include the following information:

*Title of the session, name and affiliation of the session organizer, name and affiliation of the person who will chair the session (if different than the organizer).

*Titles of the papers (3-4 papers), name, affiliation and contact information of the authors.

Papers and proposals of Organized Sessions coming from members of the Association for Evolutionary Economics (AFEE), the Association for Social Economics (ASE), the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) and the Post Keynesian Study Group (PKSG) are welcome. Members of these organizations will pay a reduced conference fee.

Besides Plenary, Organized and Normal Parallel sessions, there will also be Graduate Student Sessions (where students making MSc or PhD programme can present their research), parallel sessions of Presentation of New Books. Papers and sessions about innovative practices in the teaching of economics are also welcome

The deadline to submit proposal of papers and sessions is 25th May 2018. 

The Journal Panoeconomicus ( <http://www.panoeconomicus.rs>) will publish a special issue with a selection of papers presented at the conference. The selection of the papers will be made by the Scientific Committee of the Conference. The final decision about the papers to be published will be subject to a process of anonymous evaluation.

For more information, you can contact with Jesus Ferreiro (<mailto:jesus.ferreiro@ehu.eus> jesus.ferreiro@ehu.eus) or visit the conference website:  <http://www.conferencedevelopments.com>

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5.- XXXIII Encuentro internacional ARETHUSE < Gobernanza Postcrisis en la Unión Europea>, La Laguna (Tenerife, Islas Canarias), 20 y 21 de septiembre de 2018.

Organización: “Association des Recontres Économiques Thématiques des Universités du Sud de l’Europe” (ARETHUSE)

Avance informativo

El contenido del encuentro que celebraremos en La Laguna (Tenerife, Islas Canarias) trata de realizar un escrutinio razonado sobre los cambios que se han producido en la gobernanza de las empresas y las diferentes políticas económicas tras la crisis.

Como es bien conocido, la crisis económica puso en cuestión algunos de los principios de la toma de decisiones en todos los ámbitos del sistema económico. Dejó además a la vista algunas de las deficiencias del funcionamiento de las instituciones principales de la economía, tanto de las empresas como de las instituciones políticas y las organizaciones sin fines de lucro.

En las últimas décadas, análisis sobre la economía ambiental en toda su extensión, desde la ordenación del territorio hasta la gestión de residuos o la economía del agua, por poner algunos ejemplos, se sumaron a las tradicionales reflexiones de la UE sobre gobernanza y políticas fiscales, monetarias, de rentas, cohesión económica, social y territorial, internacional, o el diseño de instituciones, entre otras. Y en todas las políticas se consideró necesario aumentar el grado de conocimiento y participación ciudadana.

Este complejo proceso desembocó durante la crisis en reformas de la regulación. Las instituciones de la Unión Europea cambiaron en algunas ocasiones radicalmente sus criterios de decisión, quizás los cambios más llamativos se refieren a la tercera fase de la unión económica y monetaria, pero no deben olvidarse las que afectan a la empresa, el sistema financiero, y otras tantas áreas.

Este extenso ámbito de estudio merece la atención del encuentro de ARETHUSE de este año 2018. Como es habitual en los encuentros, se trata de cruzar conocimientos de diferentes disciplinas científicas, tales como empresa, economía, derecho, geografía, contabilidad, finanzas, ciencia política, sociología, y otras afines, porque en todas ellas se han producido cambios notables.

Por este motivo, invitamos a los investigadores de las diferentes áreas de conocimiento a acudir al Encuentro que se celebrará los días 20 y 21 de septiembre de 2018 en la ciudad de La Laguna, isla de Tenerife, Canarias.

6.- Seminarios de Política Económica realizados

• Universidad de Valencia (Departamento de Economía Aplicada –U.D. Política Económica): Seminarios de Política Económica

• “Las políticas de atención sociosanitaria: ¿Realidad o ficción?” por Mary Martínez. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (19 de abril de 2018).
• “Evaluación de políticas económicas: las auditorías operativas en el sector público” por José Mª. Cordero Aparicio. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (16 de abril de 2018).
• “Políticas de empleo europeas: de la justicia a la terapia” por Fausto Miguélez. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (22 de marzo de 2018).
• “Enseñanza de Economía Política a favor de los Derechos Humanos” por Manuel Branco. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (12 de marzo de 2018).
• “Taller de investigación cualitativa en Economía” por Darren Nixon y Natalia Gerodetti. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (6 y 7 de marzo de 2018).
• “Políticas económicas no convencionales en el marco de la OCDE” por Nacho Álvarez. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (27 de febrero de 2018).
• “Política económica y economía social valenciana” por Isidro Antuñano. Organizado por la Unidad Docente de Política Económica (24 de enero de 2018).
• “Desigualdad y clase media: ¿Tiene algo que decir la política monetaria?” por Salvador Pérez Moreno. Organizado por el Master de Política Económica y Economía Pública (16 de enero de 2018).

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7.- Noticias de la Red de Investigadores y Docentes en Política Económica (REDIPE)   La Red de Investigadores y Docentes de Política Económica (REDIPE) (redipe@uah.es) sigue difundiendo documentos académicos. REDIPE anima a los lectores de Noticias de Política Económica a enviar trabajos de los que tengan información y consideren de interés para la Política Económica para su difusión a través de la Red. En el último trimestre en REDIPE se ha distribuido varios documentos de gran interés. Entre ellos destacan los relacionados con el papel de los economistas y sus relaciones con la Política Económica, como se trata de un artículo ya antiguo, pero actual de Blaug, uno menos antiguo de Mankiw y uno reciente de Darrick Hamilton. Por otro lado cabe señalar un documento editado por el FMI sobre las políticas de regulación de los ciclos económicos. Vinculado a la crisis se ha distribuido un artículo de Skidelsky, así como otro en el que se establecen relaciones entre productividad y digitalización de la economía. Asimismo hay trabajos sobre la zona euro, aunque es destacable uno, escrito en parte por Sapir, en el que se plantea la constitución de un fondo monetario europeo. Finalmente puede apuntarse un trabajo sobre los resultados de Davos-2018 y otro sobre retos climáticos.

 

8.- Noticias internacionales: Revista Finanzas y Política Económica

La Revista Finanzas y Política Económica, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia, constituye un espacio científico de discusión de aspectos relacionados con Política Económica. Más información:

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/index

Contenidos de número recientes:

vol.9, nº.2, julio-diciembre de 2017

• El esfuerzo fiscal en los países de América Latina y el Caribe (Darío Rossignolo)
• Impacto del precio del petróleo sobre el PIB de los países de la Alianza del Pacífico (Julio César Alonso, Diego Alexánder Martínez Quintero)
• Análisis de equidad horizontal de las transferencias fiscales en el Perú (Enrique Samanamud Valderrama)
• Evaluación de los factores de riesgo en los activos de renta variable que conforman el índice S&P MILA 40:aplicación del modelo de tres factores de Fama y French en el periodo 2009-2013 (Diana M. Carmona Muñoz, Marcos Vera Leyton)
• Modelo econométrico de gestión exitosa para la empresa familiar colombiana (Javier Francisco Rueda Galvis, Mónica Rueda Galvis)
• Inversión y financiación en empresas innovadoras del sector servicios en Colombia (Bernardo Barona Zuluaga, Jorge Alberto Rivera Godoy  , Paola Andrea Garizado Román)
• Variables microeconómicas de los fondos de fondos de cobertura (FFC) y su desempeño durante la crisis financiera global 2008-2009 Urbi Garay, Manuel Hernández, Carlos Rivillo)
• Implicaciones de la inversión en recursos intangibles sobre la capacidad exportadora de las empresas de Santander, Colombia (Claudia Patricia Meneses Amaya, Ismael Estrada Cañas, Claudia Patricia Cote Peña)

vol. 10, nº.1, enero-junio de 2018:

• La sostenibilidad del sistema público de pensiones español tras la reforma de 2013. Transcendencia de la aplicación del factor de sostenibilidad (Mercedes Alda García, Isabel Marco Sanjuán, Adrián Marzo
• Los efectos potenciales del acuerdo de asociación transpacífico para los países de la alianza del Pacífico (Leonardo Raffo López)
• El Entorno Institucional de I+D y su influencia en el Empleo y las Ventas en la PYME manufacturera mexicana (Pablo Daniel Palacios Duarte, María Luisa Saavedra García)
• Factores socioeconómicos que explican las decisiones de asistencia escolar y trabajo infantil en colombia (Ismael Estrada Cañas, Alexandra Cortés Aguilar, Isaac Guerrero Rincón)
• El riesgo país para Colombia, su interpretación e implicaciones para la economía y los inversionistas nacionales e internacionales, 2017 (Sonia Janneth Limas Suárez)
• Efectos asimétricos de cambios en la tasa de interés sobre empresas del sector manufacturero colombiano (Jorge Mario Uribe Gil, Isabel María Espinosa de la Barrera)
• Una evaluación de la estrategia de inflación objetivo en Colombia (Pedro Clavijo)
• Análisis de la eficiencia y sus factores explicativos de la gestión de las regiones naturales del Meta (Colombia) (Javier Díaz Castro)

9.- Políticas económicas sociolaborales

(sección coordinada por Miguel Torrejón Velardiez. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

El debate sobre la financiación de la Seguridad Social

(por Carlos Ochando Claramunt, Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València. Carlos.Ochando@uv.es)

Las reformas aplicadas del sistema público de pensiones han considerado el gasto público social como la variable de ajuste ante los desequilibrios financieros que provoca el fenómeno del envejecimiento de la población y el continuo deterioro de las variables económicas que condicionan la sostenibilidad futura del sistema. Prácticamente, dichas reformas han dejado inalteradas las fuentes de ingresos. No obstante, debemos de tener presente que el diseño de la financiación de un sistema de pensiones debe realizarse considerando la naturaleza del sistema público que se pretende financiar. Si defendemos un sistema público de reparto no estricto, necesitamos incorporar otras fuentes de financiación distintas a las cotizaciones. Pero, ¿cuáles deben ser esas fuentes de financiación?, ¿sobre quién debe recaer la carga fiscal de las mismas? La elección que hagamos entrará siempre en el terreno de las opciones y preferencias sociales, colectivas y políticas –aunque los efectos y consecuencias redistributivas, en ocasiones, no son nada desdeñables y se deben analizar de manera rigurosa-.

En esta breve reflexión, vamos a exponer cuatro líneas de reforma de las fuentes de financiación del sistema público de pensiones:

1. la reforma de las cotizaciones,
2. la financiación finalista del Estado,
3. el aumento de la financiación fiscal y
4. la creación de nuevas fuentes de financiación.

La reforma del sistema de cotizaciones

La reforma de las cotizaciones (impuesto afectado) debería tener como objetivo reducir su regresividad y aumentar la capacidad recaudatoria y debería incluir tanto la modificación de las bases de cotización como el cambio en los tipos de cotización.

Algunas de las medidas podrían ser las siguientes:

1. aumentar (hasta suprimirlo) progresivamente el tope máximo de la base de cotización, sin que ello vaya acompañado, o no de manera proporcional, de una mejora de las pensiones de los pensionistas afectados;
2. aumentar las bases mínimas y medias de cotización acorde con el aumento de los salarios medios (por ejemplo, un aumento progresivo del SMI hasta equipararlo al 60% de los salarios medios);
3. unificar el criterio de determinación de las bases de cotización en función de las rentas de trabajo reales (es decir, aproximar las cotizaciones de los autónomos a sus rentas reales);
4. suprimir las bonificaciones, exenciones, reducciones y tarifas planas en las cotizaciones;
5. exención en la base de cotización para las rentas de trabajo inferiores (tipo cero de gravamen);
6. la lucha contra el fraude en las cotizaciones y la economía sumergida;
7. de manera coyuntural, se puede proponer un aumento de los tipos de cotización y
8. la introducción de una escala variable o móvil de cotización que considere la dimensión de la empresa (según el número de trabajadores y/o el volumen de negocios).

Financiación finalista del Estado

Una de las alternativas de financiación pasaría por trasladar al Estado la obligación de financiar determinadas partidas de gasto público. Las alternativas que se barajan son las siguientes:

1. financiación de las pensiones de supervivencia (viudedad, orfandad y a favor de familiares);
2. financiación de los gastos de administración, gestión y personal;
3. financiación de la revalorización de las pensiones;
4. financiación de los déficits de los regímenes especiales y
5. financiación de las políticas de conciliación.

Aumentar la financiación fiscal.

Algunos autores plantean la necesidad de buscar nuevos mecanismos de financiación no dependientes del empleo y los salarios -diferentes a las tradicionales cotizaciones sociales- que aumenten los ingresos estructurales del sistema público. Zubiri (2011: 173) expone cuatro argumentos para financiar las pensiones públicas con impuestos:

1. si el sector público no puede alcanzar con cotizaciones los niveles de pensiones considerados deseables colectivamente, está legitimado para usar impuestos,
2. todo el mundo tiene derecho a prestaciones similares a las que ayudó a pagar con sus cotizaciones,
3. en una economía en la que las rentas del capital tienen una participación creciente en el PIB es legítimo que contribuyan a financiar determinados objetivos del Estado del  bienestar y
4. que las generaciones futuras contribuyan con impuestos a financiar las pensiones es, incluso, equitativo intergeneracionalmente.

El mismo Zubiri (2017: 185) argumenta que “la financiación mediante impuestos tampoco plantea problemas de equidad intergeneracional por dos razones. Primero, porque buena parte de las rentas de las generaciones futuras (que tendrán que pagar impuestos generales para financiar las pensiones de los jubilados de la generación presente) se deriva de gastos que han realizado las generaciones presentes y que se les han trasmitido sin coste (la educación, la tecnología y buena parte de las infraestructuras de cada generación han sido pagadas por las generaciones precedentes). Segundo, porque los trabajadores futuros pertenecen a generaciones que, por no tener un problema de envejecimiento, dispondrán de pensiones altas”.

En España, especialmente, es necesaria una reforma fiscal profunda y urgente que plantee nuevas fuentes de financiación del sistema público de pensiones y que refuerce el sistema fiscal en sus objetivos de suficiencia, eficiencia y, sobre todo, progresividad y justicia en el reparto de la carga fiscal. Si elegimos la opción de financiar las pensiones con impuestos existentes, el abanico para realizar un diseño institucional más innovador y justo en el terreno fiscal es muy amplio. Podríamos utilizar tanto la imposición directa como la indirecta.

Respecto a la primera, podemos establecer un recargo para los altos ingresos (creación de una retención de un 1% en el último tipo del IRPF), eliminar la desgravación fiscal a los planes de pensiones privados, modificar el impuesto de sociedades (impuesto mínimo del 10% para las grandes empresas, impuesto sobre el volumen de ventas para las grandes empresas, etc.), un impuesto sobre las rentas del capital financiero, patrimonio, crear un impuesto “estatal” sobre la riqueza, etc. 

Autores como Suarez defienden esta opción, es decir, la necesidad de gravar otras rentas diferentes a las salariales. Así, por ejemplo, expone que “a la vista de la progresiva pérdida de peso de las rentas salariales en el conjunto de la riqueza nacional parece razonable no castigar a los trabajadores con mayores esfuerzos de contribución. Ello nos llevaría a descartar, primero, la subida de las cotizaciones sociales –directa o indirectamente los trabajadores soportarían ese incremento- y, después, a defender que los recursos adicionales que podría necesitar el sistema de Seguridad Social deben proceder de las rentas de capital (el excedente de explotación)” (Suarez, B., 2014: 60).

No obstante, Corona y Álvarez (2005) y Ruesga (2013) parecen decantarse por sustituir, progresiva y gradualmente, las cotizaciones por un aumento en la imposición indirecta (IVA) por su previsible impacto positivo sobre la creación de empleo. Se trataría de una especie de IVA social como impuesto parcialmente afectado a la financiación de la Seguridad Social. También, podríamos utilizar la imposición especial y la fiscalidad medioambiental o “verde”.

La creación de un impuesto finalista.

Son cada vez más los expertos que plantean la necesidad de establecer nuevos impuestos finalistas para financiar la Seguridad Social pública. Las bases imponibles de estos impuestos (que algunos autores han denominado “impuesto o contribución de solidaridad”) podrían ser muy variadas (transacciones financieras, actividades que dañan los recursos medioambientales como impuestos ecológicos, riqueza, capital, plusvalías, patrimonio, beneficios del sector financiero, etc.).

Un modelo inspirador de este tipo de propuestas es el modelo francés. Ante la insuficiencia de recursos del sistema, en Francia se crearon nuevas figuras impositivas de carácter finalista para financiar la Seguridad Social como la Contribución Social Generalizada (CSG), la Contribución para el Reembolso de la Deuda Social (CRDS) y la Contribución a la Solidaridad.

Como resume Suárez (2016), un impuesto específico, como el francés, para financiar la Seguridad Social en España, tiene indudables ventajas, como las siguientes:

1. permite modular el peso sobre los distintos tipos de rentas reforzando el carácter redistributivo;
2. tiene un potencial recaudador muy notable;
3. posibilita un despliegue progresivo en función de las necesidades del sistema que se harán más acuciantes en la década de los treinta;
4. constituye una fuente de ingresos más estable, sin producir efectos inflacionistas (frente a la alternativa de la imposición indirecta) y
5. constituye la expresión de un sólido compromiso político con el sistema público de pensiones.

Conclusiones

Es necesario abrir el debate sobre las fuentes de financiación, si se defiende un sistema público basado en las cotizaciones sociales y en otros recursos financieros de naturaleza fiscal. Si el sistema público de pensiones es un pilar básico del Estado del bienestar (como la sanidad y la educación), la financiación debe de estar garantizada por el Estado. Por ejemplo, pensamos que las aportaciones de los Presupuestos del Estado deberían cubrir automáticamente el déficit de la Seguridad Social ante situaciones de insuficiencia de recursos derivadas de las cotizaciones. En este breve trabajo, cuyo objetivo era repasar las fuentes de financiación alternativas del sistema público de pensiones, se proponen cuatro alternativas financieras: la reforma de las cotizaciones, la financiación finalista del Estado, el aumento de la financiación fiscal y la creación de nuevas fuentes de financiación. La elección que hagamos entra en el terreno de las opciones y preferencias sociales, colectivas y políticas. No obstante, es necesario concluir, como concluye con rotundidad Zubiri (2009: 34), que “si parte de las pensiones se financian con ingresos generales, el sistema es perfectamente sostenible”.

Referencias bibliográficas.

-Corona, J.F. y Álvarez, F. (2005): Análisis de los efectos de las cotizaciones sociales sobre la creación de empleo en Madrid: propuestas de reformas. Instituto de Estudios Económicos. Madrid.

-Ruesga, S.M. (Dir.) (2013): Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad en España. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Madrid.

-Suárez, B. (2014): El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad. Lex Nova, Thomson Reuters, Valladolid.

-Suárez, B. (2016): “El compromiso con las pensiones públicas: un impuesto específico para su financiación” Economistas frente a la crisis 4 de Julio 2016.

-Zubiri, I. (2009):”El sistema de pensiones español ante el reto del envejecimiento” Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración nº extra, págs.: 31-57.

–Zubiri, I. (2011): “Un análisis económico de la reforma de las pensiones: el camino que aún falta por recorrer” en en Frades, J. (Coord): El sistema de pensiones de jubilación. Desafíos y respuestas. Fundación Francisco Largo Caballero y Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid.

–Zubiri, I. (2017): “Las pensiones en España: las reformas necesarias” en Ruesga, S. M., Suárez, B. y Gómez, V. (Coords.): ¿Cobraremos la pensión? Pirámide, Madrid.

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10.- Política económica y género

(sección coordinada por Lorenzo Escot Mangas y José Andrés Fernández Cornejo, profesores del Departamento de Economía Aplicada III, Universidad Complutense de Madrid)

¿Por qué los hombres utilizan poco las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar? ¿Puede hacer algo la política económica?

(por José Andrés Fernández Cornejo y Lorenzo Escot Mangas, Profesores titulares del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política la Universidad Complutense de Madrid. http://www.ucm.es/aedipi/)

En España los padres trabajadores utilizan las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar notablemente menos que las madres trabajadoras (Fernández Cornejo y Escot 2017b). Por ejemplo, eso es lo que muestran los resultados de una encuesta que realizamos en 2016 entre 1.785 parejas con hijos pequeños de la Comunidad de Madrid (AEDIPI 2016). Tras el nacimiento o adopción del niño/a, las madres utilizaron un promedio de 159 días de baja para cuidar del bebé mientras que los padres utilizaron 14 días. Asimismo, y como aparece en la siguiente figura, el 37,8% de las madres de esta muestra solicitaron una reducción de jornada o trabajar a tiempo parcial al reincorporarse a sus trabajos, mientras que tan solo un 4,4% de los padres hicieron eso mismo. Las diferencias en materia de solicitudes de flexibilidad horaria y de cambios de turno también fueron muy intensas.

Este insuficiente uso por parte de los varones de las medidas de conciliación surge en un contexto de crecientes expectativas acerca de la implicación del padre en el cuidado de sus hijos pequeños (Adler y Lenz 2017). Hoy día, ser “un buen padre” significa también ser un padre plenamente implicado en el cuidado de sus hijos. Y, en efecto, en mayor o menor medida así es como piensan y sienten la paternidad la mayoría de hombres.

Pero algo sorprendente surge en este sentido. En muchos casos los padres españoles trabajan en empresas en las que existen una serie de medidas de conciliación que podrían utilizar. Además, como acabamos de señalar, la mayoría de padres querrían utilizar esas medidas para disponer de más tiempo para el cuidado de sus hijos pequeños. Y sin embargo estos padres apenas utilizan esas medidas que, a cambio, son utilizadas por la plantilla femenina de las empresas (por las madres) (El País 2016), lo cual da lugar al problema de la penalización laboral por maternidad (Correll et al. 2007) y, en última instancia, a la brecha salarial de género (Conde y Marra 2016).

Para muchos padres parece que hay una brecha entre el derecho teórico a conciliar y la capacidad efectiva para hacerlo (Hobson y Fahlén 2009).

¿Cuáles son las razones de esta brecha? Podemos hablar de aspectos individuales, institucionales/sociales, y relacionados con la cultura de las empresas. A continuación vamos a hacer referencia a 11 factores que se podrían encuadrar en alguna de estas tres categorías. Vamos a aprovechar también algunas de las reflexiones que hemos recabado entre padres asalariados, madres asalariadas y directivos de rrhh, que han participado en una investigación cualitativa, con entrevistas semi-estructuradas, que acabamos de realizar sobre esta materia (AEDIPI 2017) (los nombres empleados son nombres ficticios).

1. Restricciones económicas

Se trata del argumento del coste de oportunidad (los ingresos y las oportunidades profesionales que se dejan de aprovechar por dedicar más tiempo a cuidar de los hijos y menos al trabajo). Según este razonamiento (Becker 1993), lo más eficiente es que quien tenga un mayor ingreso (un mayor coste de oportunidad) dedique menos tiempo al cuidado de los hijos y utilice menos las medidas de conciliación. Y, como pone de manifiesto la brecha salarial de género, hay más hogares en donde el padre tiene un mayor ingreso que la madre, así que ello explicaría que ellos conciliaran menos (en promedio) que ellas. Este argumento es utilizado por muchos padres para justificar por qué ellos utilizan menos las medidas de conciliación. Pero plantea problemas. Uno de ellos es el de la causalidad (la diferencia de ingresos es la que explica la diferencia en el uso de las medidas de conciliación, ¿o es al revés?). Además, es incompleto, ya que hay un creciente número de hogares de doble ingreso en donde ella gana más o en donde ambos ganan lo mismo y, a pesar de ello, suelen ser ellas quienes concilian más. Jesús (asalariado, profesional) comentaba lo siguiente:

“Lo hablaba la semana pasada con unos amigos… Ella es la que gana dos veces lo que él, pero la que se reduce es la chica. Y yo digo: ‘tío, redúcete tú la jornada’, ‘si es que tú ganas menos…’, pero no lo hace. Es como ‘no, es que ella no quiere’, ‘como no se puede…’, ‘a ver qué dicen los jefes’”.

2. Esencialismo y actitudes de género tradicionales

Todavía persisten creencias esencialistas en esta materia (Fernández Cornejo y Escot 2017a). Con frecuencia se hace referencia a que, por naturaleza, las mujeres están mejor preparadas que los hombres para cuidar de un bebé. Esta creencia puede constituir un factor que inhibe a algunos hombres de solicitar el uso de medidas de conciliación. Por ejemplo, Aitor (asalariado, profesional) sostiene que:

“A pesar de las medidas, de las campañas, etcétera, todavía el peso histórico, desde hace miles de años, hace que sea así. El hombre iba a cazar y la mujer se quedaba en la cueva y recolectando, pero no es algo que tengamos sólo aquí [en la cabeza], no, es que esto está en nuestro ADN, desde hace miles y miles de años y eso cuesta revertirlo”.

3. Control de algunas madres

Unos pocos padres hacen referencia a una conducta “territorial” de sus parejas (Schoppe-Sullivan et al. 2015), que ellos perciben como una barrera al acceso a una plena implicación en el cuidado de sus hijos. Por ejemplo, Adrián (asalariado, profesional) siente una cierta frustración porque tiene la percepción de que su pareja establece una serie de barreras que le impiden participar activamente en una serie de decisiones básicas relacionadas con su hijo.

“Ella dedica más…, porque creo que asume una responsabilidad mayor, en el que las cosas, o sea, como que la forma de hacer las cosas debería ir enfocada a lo que ella cree que hay que hacer y a la forma en cómo hay que hacerlo”.

También hay algún ejemplo de madre que hace alguna observación en este sentido, como es el caso de Eulalia (asalariada, profesional):

“Yo reconozco que tengo esa inercia, de ocuparme de lo que tienen que llevar los niños, de si hoy tienen una cosa de carnaval, lo que sea… Entonces alguna vez me pregunto: si yo no lo hiciera, ¿mi marido lo haría por sí solo o no lo hace porque ya asume que yo lo hago, pero tampoco le he dado la opción a si lo quiere hacer él?”

4. Masculinidad hegemónica (o tradicional)

En el ideal de masculinidad hegemónica (Connell 1995) o tradicional “un verdadero hombre” no puede dar señales de debilidad, de falta de ambición y, sobre todo, no puede dar señales de comportamiento femenino (véase el concepto de “homohisteria” de Eric Anderson (McCormack y Anderson 2014)).

En relación con esta cuestión, algún directivo/a de recursos humanos nos comentó que, entre algunos de los miembros de la plantilla masculina de su empresa, a veces hay temor a ser vistos como “poco hombres” (poco ambiciosos, débiles,…) por el hecho de utilizar, por ejemplo, una reducción de jornada. En palabras de Katinka (directiva de rrhh):

“Lo que creo que pasa es lo que te digo: ‘tío, cómo te has cogido tú la reducción, pero no serás…, qué calzonazos macho, y tu mujer qué hace’. Eso va a pasar”.

5. Clase social (estatus profesional)

El nivel socio-económico es un factor determinante de la capacidad de elección para conciliar la vida laboral y familiar de muchos trabajadores (y trabajadoras) (Williams et al. 2013). Normalmente dicha capacidad de agencia es menor en los dos extremos de la jerarquía laboral. Por un lado, de los directivos se espera que sean capaces de organizar sus vidas familiares de manera que se garantice su total disponibilidad para la empresa, como si no tuvieran responsabilidades familiares. Y, por otro lado, los trabajadores que desempeñan trabajos de baja cualificación, en un contexto de unos salarios muy bajos, con frecuencia están muy presionados para trabajar muchas horas y así conseguir unos ingresos suficientes para el hogar, por ejemplo, pluriempleándose en el sector informal. En ambos casos, el uso de las medidas de conciliación, como la reducción de jornada o la excedencia, se perciben como algo muy costoso (en términos ralentización de la carrera profesional, para los primeros, y de renuncia a ingresos básicos para sobrevivir, para los segundos).

6. Insuficientes modelos sociales

Un derecho (el derecho a conciliar) se convierte en derecho social cuando el ejercicio del mismo se normaliza. En el caso que nos ocupa esto sucedería cuando estuviéramos acostumbrados, de manera cotidiana, a ver a padres utilizando las medidas de conciliación en la misma medida en que vienen haciéndolo hasta ahora las madres. Se trata de tener modelos de comportamiento (“role models”) (Masciadrelli et al. 2006). El punto de vista de Óscar (asalariado, profesional) ilustra muy bien esta cuestión:

“Yo, por ejemplo, cogí la jornada reducida porque mi compañero de sitio, en el anterior sitio donde estaba, lo hizo. Y, no sé, una vez que lo ves, dices: ‘sí se puede’. Pero yo creo que si no hubiera tenido un ejemplo tan cercano yo no sé si lo hubiera cogido, la verdad. Yo creo que no”.

En este terreno las cosas están empezando a cambiar, pero parece que todavía estamos muy lejos de esa normalización.

7. Apoyo social y mediático de perfil bajo

En la actualidad, en España el discurso sobre igualdad de género pone un cierto énfasis en la necesidad de avanzar en el ámbito de la corresponsabilidad mujer-hombre en el trabajo doméstico y de cuidados. Existe un cierto apoyo mediático y social a la equiparación de los permisos parentales (gracias, en parte, a la gran labor realizada por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción; PPiiNA 2018) y, en general, a la incorporación de los hombres al uso de las medidas de conciliación. Sin embargo, en un contexto económico, social y político muy difícil, parece que el avance en este ámbito no se entiende como urgente. Es decir, existe el debate, pero es de un perfil más bien bajo (a diferencia de lo que ocurre en otros países como, por ejemplo, Islandia, Noruega o Suecia).

8. Políticas públicas insuficientes

En España existe una cierta inacción de los gobiernos en materia de políticas de conciliación (insuficiencia crónica de guarderías para niños/niñas de menos de 3 años, mantenimiento de un huso horario incorrecto, etc.) (Pérez-Caramés 2014). Pero, específicamente, se mantiene una situación en donde es la propia ley la que es desigual en términos de género. Se trata de la desigual duración de los permisos de paternidad y maternidad (el permiso de paternidad dura 4 semanas y el de maternidad 16). Esto implica que, en España, para muchos hombres la posibilidad de estar varios meses de baja por paternidad ni siquiera entra dentro de su espacio de elección (Castro y Pazos 2016). 

9. Cultura de las empresas y estigma de la conciliación

Todavía quedan muchas empresas en donde existe una escasa sensibilidad hacia las necesidades de conciliar de los trabajadores varones. Esto puede estar relacionado con la “norma del trabajador ideal” (Aguilar 2012). De acuerdo con esta norma, el trabajador ideal sería una persona absolutamente comprometida con su empresa y que actúa como si estuviera totalmente libre de responsabilidades familiares. Lógicamente, hoy día, esta norma afecta por igual a madres y padres. Sin embargo, en su origen, encajaba perfectamente con el modelo patriarcal en donde el padre dedicaba todo su tiempo al trabajo remunerado y la madre quedaba confinada en el hogar cuidando de los hijos.

Como indica la socióloga estadounidense Mary Blair-Loy, esta norma es vista por algunos trabajadores como algo coercitivo, pero por otros es visto como un ideal o actitud deseable ante el trabajo (Blair-Loy 2003). Un ejemplo de esto último podría ser el caso de Juan Antonio (asalariado; profesional), quien señalaba lo siguiente:

“En la empresa privada los que promocionan y ganan más son los que están volcados por la empresa. Porque para tú llegar a ser un director de esta empresa has tenido que demostrar antes tu compromiso (…) Los nuevos directivos que crecen en crecimiento orgánico el 99% son hombres y mujeres que han cogido y le han dado prioridad a su vida profesional sobre la vida personal, y el que diga lo contrario miente”.

Sin embargo, en un contexto como este, un padre implicado que quiere usar las medidas de conciliación existentes en su empresa puede ser visto como un trabajador poco comprometido y como un hombre atípico, y ello puede dar lugar a lo que a veces se denomina “el estigma de la conciliación” (Williams et al. 2013).  Esto es lo que parece que experimentó Jordi (asalariado, profesional), padre implicado que decidió utilizar una reducción de jornada durante un año y medio:

“Cuando me vio mi jefe por primera vez, después de haber solicitado la reducción, me dijo ‘¡qué cara tienes!’. Yo me quedé… y dije ‘¿y por qué?’. ‘No claro, ahora tú estarás en casita’. Y le dije: ‘si me he tomado la reducción no es para estar todas las tardes en mi casa tocándome las narices precisamente’”.

10. Entorno empresarial insuficientemente concienciado

En nuestras entrevistas con directivos/as de recursos humanos hemos detectado que algunos de ellos/ellas tienen un cierto grado de concienciación sobre la necesidad de avanzar en la corresponsabilidad hombre-mujer en el uso de las medidas de conciliación. Esta concienciación parece mayor en las empresas grandes y en aquellas donde el porcentaje de plantilla femenina es mayor. Sin embargo, el entorno fuertemente competitivo (y saliendo de una crisis económica) en el que se movían sus empresas puede que esté impidiendo que esta sensibilidad se plasme en políticas ambiciosas de fomento de la corresponsabilidad.

Además, y como nos indicaron muchos empleados, esas buenas intenciones parece que no siempre se transmiten bien de arriba hacia abajo y “depende del jefe que te toque…”.

11. Actitudes auto indulgentes de algunos padres

Finalmente, también merece la pena destacar que algunos padres que desearían conciliar mejor sus vidas laborales y familiares, al encontrarse con las diversas barreras que acabamos de comentar, acaban adoptando una actitud auto indulgente, del tipo “no concilio porque no me queda más remedio”. Esta actitud “comodona” significa que estos potenciales padres implicados se acaban conformando con un papel más secundario en el cuidado de sus hijos y en el consiguiente uso de las medidas de conciliación.

Puede que, por separado, cada uno de estos 11 factores explique marginalmente por qué los padres varones usan poco las medidas de conciliación existentes. No obstante, la interacción de todos ellos tiene una capacidad explicativa mucho mayor.

Hace poco hemos conocido que en Islandia se ha aprobado una medida que obliga a las empresas a eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres. Algunas noticias sobre esta medida afirman que Islandia es el primer país que elimina la brecha salarial. Sin embargo, esta medida, si bien puede reducir la brecha salarial, nos tememos que no va a hacerla desaparecer. Para que desaparezca hacen falta tres cosas simultáneamente: primero, un endurecimiento de la ley antidiscriminación (como la islandesa); segundo, que se reduzca considerablemente la segregación ocupacional de género (que haya más ingenieras y científicas, más hombres trabajadores sociales, etc.) y que, para un mismo nivel de cualificación, se retribuya igual el trabajo (que un ingeniero gane lo mismo que un trabajador social,…); y tercero, que el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados sea igual entre mujeres y hombres (que haya plena corresponsabilidad). Pues bien, si conseguimos que los hombres concilien lo mismo que las mujeres se habrá conseguido un avance decisivo en este último factor, y estaremos mucho más cerca de eliminar la brecha salarial de género.

Una reforma que equipare el permiso de paternidad con el de maternidad, una mejor política pública de igualdad (que fomente la corresponsabilidad en el cuidado), unas mejores políticas públicas de conciliación, el fomento de una cambio en la cultura de las empresas, un mayor énfasis de los medios de comunicación…, son todos ellos aspectos que pueden facilitar que cada vez más padres se sientan psicológicamente preparados para retar las normas de género y las barreras que, en sus entornos de trabajo, en sus círculos familiares y de amigos, etc., limitan sus capacidades de elección en el ámbito de la conciliación.

Bibliografía:

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Aguilar, L. (2012). “The myth of the ideal worker: new workforce, outdated workplace”. The Clayman Institute for Gender Research. http://stanford.io/2j3PaGR

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Fernández Cornejo, J. A. y Escot Mangas, L. (2017a): “El esencialismo y el permiso de paternidad”. Huffpost, 17/1/2017. http://bit.ly/2FTNZ97

Fernández Cornejo, J. A. y Escot Mangas, L. (2017b): “Iguala los permisos parentales si quieres terminar con la penalización salarial por maternidad”. Huffpost, 22/2/2017. http://bit.ly/2IFx0JA

Hobson, B. y Fahlén, S. (2009). “Competing Scenarios for European Fathers: Applying Sen’s Capabilities and Agency Framework to Work–Family Balance”. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 624, 214-633.

Masciadrelli, B. P.; Pleck, J. H.; y Stueve, J. L. (2006): “Fathers’ Role Model Perceptions. Themes and Linkages with Involvement”. Men and Masculinities, 9(1), 23-34.

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Pérez-Caramés, Antía (2014). “Family Policies in Spain”. In M. Robila (ed.), Handbook of Family Policies Across the Globe, pp. 175-194. New York: Springer.

PPiiNA (2018). Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción. https://igualeseintransferibles.org/

Schoppe-Sullivan, S. J.; Altenburger, L. E.; Lee, M.A.; Bower, D. J. y Kamp Dush, C. M. (2015). “Who Are the Gatekeepers? Predictors of Maternal Gatekeeping”. Parenting, 15(3), 166-186.

Williams, J. C.; Blair-Loy, M.; y Berdahl, J. L. (2013). “Cultural Schemas, Social Class, and the Flexibility Stigma”. Journal of Social Issues, 69(2), 209-234.

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11.- Conversaciones de Noticias de Política Económica: José Vallés Ferrer

Noticias de Política Económica (NPE): ¿Cuáles son los motivos iniciales por tu interés acerca de la Política Económica?

Respeto a mis primeros años de formación, comencé los estudios de economía en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de la Universidad de Barcelona y posteriormente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la misma. Por la mañana era profesor de economía en la Escuela y por la tarde alumno de la Facultad. Mi vocación por el estudio de la economía se inicia en los primeros años de la década de los sesenta, en la citada Escuela de Altos Estudios Mercantiles (entonces situada en la calle Balmes) de la mano de los profesores Pedro Gual Villalbí (primeras clases de Economía Política) y posteriormente de Pilar Jaraíz Franco, catedrática de la asignatura de Economía, de la que fui profesor ayudante de clases prácticas a partir del curso 1965-66 hasta mi incorporación a la Facultad de la mano del profesor Fabián Estapé.

En estos primeros años empecé a entrar en contacto con la Política Económica. De los orígenes de la Política Económica antes de la guerra civil sí que había leído cosas, pero no en profundidad; de hecho sabía de la existencia del profesor Víctor Brugada. Sin embargo la persona que se encontraba más cerca de mí, puesto que llegó a darme algunas clases de economía en la Escuela, fue el profesor Pedro Gual. De hecho, en aquellos momentos, era bastante conocido su compendio de Política Económica que circulaba con fluidez en los círculos académicos. Sin embargo, se le citaba poco, y progresivamente cada vez menos, derivado todo ello de circunstancias (a mi modo de ver) mas de carácter personal que de aspectos puramente académicos.

Mi primer encargo como profesor viene de la mano de Pilar Jaraíz, que me inició en el área de Economía en el curso 1965-66. La profesora Jaraíz sustituyó al profesor Gual en la mencionada Cátedra de Economía en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, la asignatura en aquélla época se llamaba “Economía y Estadística”. Trabajé impartiendo docencia en la misma durante tres cursos académicos, hasta mi incorporación a la Facultad. Esta situación de profesor-alumno me permitió complementar mis estudios de Política Económica en la Facultad con una considerable información de economía real, así como del análisis de la realidad empresarial de la época. Fueron años entrañables, muy completos, en los que mi vocación por los estudios de Economía (y Política Económica) se consolidó. En otra palaras, lo tenía claro, y mi objetivo era seguir estudiando economía y conseguir una plaza de profesor “estable” en la Facultad de Económicas (Política Económica) de la Universidad de Barcelona.

En el plano personal recibí de la profesora Jaraíz un trato exquisito y, de hecho, siempre tuve la oportunidad de retornar a la Escuela (Cátedra de Economía), para trabajar con ella, bajo su dirección. Quiero recordar, en estos mis primeros pasos, a otros profesores que me estimularon en al estudio de la economía: José Lóbez Urquía, titular de la Cátedra de Análisis matemático, el profesor Luis Savall Criado, también de la misma disciplina o Luis Gámez Mur, que me motivó en el estudio de matemática financiera. Llegué, pues, al estudio de la política económica de la mano de buenos profesores, que además de estimularme en el camino del estudio de la economía, me ayudaron profesionalmente en estos primeros momentos, que fueron básicos para el desarrollo de mi vocación académica y científica.

NPE: ¿Cuál es tu vocación por la Política Económica y la vida universitaria?

Esto requiere remitirme a mi primer encargo como Profesor Adjunto (n/n) de Política Económica. Corría el curso académico 1968-69. Mi vocación por la Política Económica se gestó en los cursos anteriores a través de mi relación como alumno con Fabián Estapé (y también con los profesores Salvador Condominas y José Jané). Ya he comentado que era alumno por la tarde y profesor por la mañana, gracias al encargo de Pilar Jaraíz. La dinámica de trabajo y el planteamiento metodológico de la asignatura que imprimía Estapé me cautivó y pasé a formar parte de un elenco de economistas en torno al Seminario de Política Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. En este grupo, y en el momento de mi llegada, estaban los profesores Salvador Condominas, Marcel·lí Costafreda (fallecido prematuramente) y José Jané. También Milagros García Crespo, Pedro Vicens, Juan Ramón Cuadrado, Jacinto Ros, Francisco Roca o Javier Paniagua. Pasé de alumno de económicas a profesor de Política Económica sin darme cuenta. Me inicié en la asignatura Política Económica I, concretamente en la parte de técnicas de política económica, en la que me especialicé, en una primera fase; también en las lecciones de elaboración de la política económica, en una segunda fase de ese quinquenio; mas adelante pasé a explicar en Política Económica II (conjuntamente con el profesor Jané) planificación económica, asignatura con la que disfrute enormemente. Antes de mi marcha a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Málaga (Universidad de Granada), curso 1973-74, era responsable de un grupo de la asignatura Política Económica III (España).

Un elemento esencial en la orientación de mi vocación por la Política Económica se encontraba vinculado a la puesta en marcha de los trabajos del Seminario de Política Económica, patrocinados por Fabián Estapé. En éstos tuvieron lugar grandes discusiones sobre aspectos de la asignatura, muchos de ellas con serio componente ideológico, pero siempre alejado de posiciones personalistas. En una España sin libertades, el Seminario de Política Económica de la Facultad era un espacio de reflexión en libertad por el que me sentí atraído y marcó para siempre mi trayectoria académica así como mi visión de la Política Económica. En estas sesiones de seminario cada profesor preparaba un tema específico, que era objeto de discusión, y permitía su reelaboración, y muchas veces su publicación. En mi caso, a lo largo de este período me centre en el estudio de la obra de autores como Oskar Lange y Wlodzimiersz Brus (a sugerencia de Jané) y de Wassily Leontief (a propuesta de Estapé). La dinámica de trabajo era que cada mes uno de los participantes expusiese un tema y se debatiese sobre él. Normalmente se volvía sobre el mismo y se preparaban grupos de trabajos con los estudiantes.

La consolidación en mi vocación vino de los primeros encargos profesionales relacionados, entre otros, con colaboraciones en medios de comunicación o informes sobre economía española. Con el salario de Profesor Adjunto (interino), 5000 pesetas al mes de las de entonces, no se podía vivir. Necesariamente había que complementar la facultad con trabajo profesional. De la mano del profesor José Jané llegué al Servicio de Estudios de Transporte Metropolitano de Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona), primero como economista y luego como director. El profesor Jorge Pascual, de Historia del Pensamiento Económico, lo dirigía de forma eficaz (antes José Jané y Jacint Ros). Estábamos en contacto con el Gabinete de Programación del Ayuntamiento de Barcelona, creado por el alcalde José María de Porcioles (Pascual Maragall también recaló allí durante algunos años). El origen del Área Metropolitana de Barcelona se encuentra en los trabajos pioneros de aquellos años, para mí muy gratificantes. Debo de mencionar el apoyo de Emilio A. Hap Dubois, director Administrativo de Transportes de aquélla época. Sinceramente trabajamos en libertad y las labores realizadas llegaron a ser todo un referente en España.

En paralelo me encontré, de golpe y porrazo, como articulista colaborador de La Vanguardia Española (hoy La vanguardia), suplemento de economía y finanzas, primero dirigido por Fabián Estapé y luego por José Jané. También en el periódico El Heraldo de Aragón, página de economía, dirigida por Fabián Estapé en sus primeros momentos (Universidad de Zaragoza). Cercana mi marcha de la universidad de Barcelona, se me invitó a publicar semanalmente en Tele/eXprés, suplemento de economía, que mantuve estando en Málaga durante el curso académico 1974-75.

Pero un aspecto que contribuyó a marcar mi posición frente a la sociedad en la que vivimos y trabajamos en aquella época, es decir, una sociedad no democrática, con represión política y falta de libertades, vino de la mano de la posición que Estapé mantenía sobre el papel del economista en la sociedad y, en definitiva, del compromiso del profesor con su entorno, es decir, con el franquismo para entendernos. Continuaba diciendo que el economista tiene el deber de contribuir (o por lo menos intentarlo) en mejorar las condiciones de vida de la sociedad en cada momento y en cada fase. En esta etapa concreta universitaria, me atrevo a decir que muchos de nosotros éramos economistas “extra-muros”, no teníamos nada que ver con el sistema político imperante (economistas “intra-muros”), pero si estábamos concernidos por la falta de una economía en desarrollo que contribuyera a la mejora de las condiciones de vida de los españoles y sentara las bases para entrar en Europa. Así hay que entender, es mi punto de vista, la presencia de Estapé, Fuentes y Sardá, en los trabajos preparatorios para el el Plan de Estabilización de la economía española y posteriormente su participación (técnicamente obligada) en la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social, como Comisario Adjunto. Sigo pensando que se trabajó en el buen camino.

Posteriormente mi desarrollo vocacional por la Política Económica remite a mi traslado a la Universidad de Granada (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga). De la mano del profesor Juan R. Cuadrado me incorporé en la Facultad de Málaga en el curso 1974-75 y ahí conseguí mi estabilidad académica, aunque con traslado posterior a la Universidad de Sevilla. En el momento de mi marcha el elenco de profesores de Política Económica en Barcelona se había ampliado con las incorporaciones de: Gumersindo Ruiz, Carlos Román, Armando Villamil, Antón Costas, Benjamín Bastida o Joaquín Novella, entre otros. Parece que fue ayer pero han pasado más de 40 años, pero sigo recordando el trabajo realizado en mi antiguo Seminario de Política Económica. Pienso que valió la pena, pues tuve la fortuna de poder estar allí con aquél magnífico grupo de profesores/as de Política Económica. Pude trabajar en libertad y desarrollar mi vocación investigadora. Quizá, para concluir, podría reconocer que si tuviese la posibilidad de repetir mi vida académica volvería a estar en Política Económica con Fabián Estapé en Barcelona.

NPE: ¿Se pueden distinguir varias escuelas de Política Económica en España?

Mas que escuelas propiamente dichas cabe hablar de sensibilidades-programas de metodología, entre los enfoques de Barcelona y Madrid. En Barcelona se poseía una visión más histórico-analítica de la economía. También se distinguía en el estudio del eslabón llamado “elemento político” en la conformación de la Política Económica. A mi entender en el Seminario de Barcelona estábamos más preocupados por la búsqueda de un “corpus” científico, de una teoría de la Política Económica. En la Facultad de Madrid, de la mano del profesor Emilio de Figueroa, todo un histórico de la Política Económica, la preferencia por el estudio de la misma, y es una visión personal que tengo de la época, se estaba más orientado hacia la economía real (economía aplicada), por los enfoques de la política pública, derivado todo ello de Madrid como capital de España y sede del Gobierno. Esta situación es explicable, al menos parcialmente, dado que los centros de poder requerían trabajos concretos de los especialistas universitarios existentes. En Barcelona, siendo una gran ciudad con proyección al exterior, se consolidaron mejor las reflexiones mas teóricas (menos vinculadas a las necesidades inmediatas políticas).

Más adelante, sobre todo con el desarrollo del Estado de las Autonomías, esta situación cambió, puesto que la vinculación de las Universidades con los gobiernos autonómicos, pasó a ser una realidad, quedando en los momentos actuales estas diferencias entre Barcelona/Madrid difusas o inexistentes. También esto es así, por los cambios experimentados en la Universidad, tanto en titulaciones como en asignaturas. A este respecto, los aspectos metodológicos, recogidos durante muchos años bajo el título de “Concepto, método, fuentes y programa de la asignatura de Política Económica”, también se han devaluado académicamente, quedando relegados a un segundo nivel.

Quiero recordar en esta entrevista por sus aportaciones específicas a queridos amigos y compañeros de cátedra durante muchos años: Luis Gámir (recientemente fallecido), Andrés Fernández Díaz, José A. Parejo, Luis Rodríguez Saiz, Javier Casares, entre otros muchos. Asimismo quisiera también citar, por merecimiento propio, a dos profesores de Política Económica fallecidos hace tiempo: Javier Irastorza y Manuel Sánchez Ayuso.

NPE:¿Ha cambiado tu concepto sobre la Política Económica desde el inicio de tu carrera académica hasta la actualidad?

En términos metodológicos, mi concepto sobre la Política Económica no ha cambiado esencialmente del que forjé en el Seminario de Política Económica de Barcelona. Desde septiembre de 1994 que me incorporo a la Facultad de Málaga (Universidad de Granada), hasta estos momentos (actualmente soy profesor de Política Económica de la Universidad Loyola Andalucía), considero que nuestra materia, desde el punto de vista del análisis metodológico, no ha cambiado. Si que ha cambiado, y mucho, la sociedad (la realidad socioeconómica), nuestro entorno inmediato y lejano, pero no el concepto de nuestra disciplina. La Política Económica la sigo considerando como una Ciencia Social, no como una técnica. Es cierto que en el mundo de la Universidad, nos hemos alejado, en muchos casos, de esta consideración, de forma consciente o inconsciente, pero sigo considerando nuestra disciplina como una rama de la Ciencia Económica, que a su vez lo es de la Ciencia Social.

Este alejamiento de la Política Económica de su naturaleza social lo encontramos en el mismo campo de la economía en su conjunto. Retomar el camino de los “valores” clásicos y tradicionales en el estudio de la Política Económica es básico en estos momentos en que nos hemos alejado de la sociedad. Sigo hablando a mis alumnos, por lo menos en la fase inicial del estudio de la Política Económica, de la necesidad de recuperar a la economía (y dentro de ella a la Política Económica) como Ciencia social. Hay que volver a nuestro principios, pues los problemas de la sociedad siguen existiendo, muchos de ellos se han transformado, otros son nuevos, pero la acción de la política económica es tan necesaria como era hace 40-50 años.

No está en cuestión la economía de mercado (no la estoy cuestionando en absoluto), pero regular al mercado, modularlo (mejorarlo, por decirlo de otra manera) sigue siendo necesario y forma parte del trabajo de profesores-investigadores en la materia. Sigo recordando la definición que Fabián Estapé hacía del economista (del profesor o experto en política económica) cuando en su definición “identificaba al economista con el médico”. Decía: el economista es como un médico de la sociedad. He mantenido esta definición a lo largo de estos 50 años de profesor de Política Económica. No he cambiado. Y teniendo en cuenta los problemas existentes en la sociedad actual, desde luego no voy a cambiar.

Una segunda dimensión acerca de la Política Económica corresponde a su enseñanza en la Universidad. Los nuevos tiempos en materia de planes de estudios universitarios, han transformado (fondo de la cuestión) nuestra enseñanza de la materia. La vieja estructura de tres políticas (las llamadas 100 lecciones de PE), lamentablemente ya no existe. En el mejor de los casos se han mantenido dos asignaturas, de carácter semestral. Dicho de otra manera hemos pasado de explicar política económica en tres cursos (segundo ciclo), a lo largo de todo el año, a dos cursos, o a un solo curso, casi siempre con asignaturas semestrales. No es posible hacer ningún tipo de comparaciones. Globalmente nuestra disciplina ha salido perjudicada con los cambios establecidos.

Desde esta perspectiva de organización docente sí que ha cambiado la asignatura, tanto en contenido (cantidad) como en calidad (espacio temporal). Además me resisto a aceptar, en el plano académico, la consideración de la Política Económica como Economía Aplicada, eliminando todo el “corpus” metodológico de la misma. Naturalmente, esta realidad administrativa ha obligado a modificar el viejo paradigma de la Política Económica en una docencia más sencilla y adecuada a las normas establecidas. A mi modo de ver ha sido un error desnaturalizar, en parte, los planteamientos de la Política Económica en las universidades españolas.

Este alejamiento progresivo de la economía de la Ciencia Social, llega naturalmente a la Política Económica. Afecta, sobre todo, a la situación real de la economía (realismo) y a la propia utilidad de la economía. Desde otra óptica volvemos otra vez a los principios de la Política Económica como materia destinada a proponer “cambios” en la conducción de la economía. Frente a la orientación abstracta y formalista (muchas veces excesiva) de la economía, que se plasma en los actuales planes de organización docente, reivindico el retorno al carácter social de la Economía y de la Política Económica, como rama de la misma.

NPE:¿Este cambio de perspectiva se ha visto influido por la crisis actual?

En parte si y en parte no. Me explicaré. La crisis 2007-08 (la gran recesión) y sus posteriores conflictos han puesto de manifiesto la necesidad de un cambio de rumbo en la política económica. Los aciertos, que han sido importantes, en el diseño, elaboración y gestión de la política económica, han ido acompañados de errores cometidos por los economistas en el “antes” y en el “durante” (han sido enormes), causando costes cuantiosos. Los errores en el después (actualidad), en la búsqueda de salidas a la crisis sistémica de diez años de duración, tampoco son pequeños. Y no estoy hablando solamente de España sino a nivel global, empezando por las recetas europeas para salir de la crisis. La perspectiva social no ha estado presente dentro del trabajo “intelectual” realizado, y esta ausencia ha sido (está siendo un grave problema). Estamos ante problemas de fondo y de forma. No solamente de lo que se hace (o debe hacerse) sino del cómo se hace (o como debe hacerse). Un añadido más: los economistas no hemos pedido perdón a los ciudadanos.

La sociedad (los ciudadanos) percibe estas insuficiencias (sobre las políticas económicas concretas), pero sobre todo, la gestión de las mismas, la falta de calidad de la gobernanza. Cometer errores es un asunto grave en economía, pero perseverar o no subsanarlos es aún peor. Ante una crisis tan aguda como la que hemos pasado (con lagunas importantes sin resolver todavía), la puesta en práctica de una gobernanza racional es de obligado cumplimiento. Todo ello ha generado una creciente desconfianza hacia los gobiernos (y lo que es peor, hacia la política), por el fondo y la forma de plantear las políticas económicas y de gestionarlas en la realidad.

También, y no menos importante para contestar a la pregunta efectuada, está la relación de problemas a resolver (distintos muchos de ellos a los tradicionales). Aplicar políticas económicas “ortodoxas” a nuevos problemas reduce la confianza en aquélla, la devalúa y la confunde (queda identificada) con la “Economía Aplicada”.

Pero los cambios no sólo han venido por la crisis sistémica (gran recesión de la economía), sino que también han tenido un complemento en la organización docente de la materia, como ya he comentado anteriormente. Identificar o explicar problemas económicos y sociales (macro o micro) implica tiempo y esfuerzo en la cátedra (departamento). Si por el estricto cumplimiento (faltaría más) de la normativa existente, devaluamos contenidos, créditos y tiempos, los cambios de perspectiva de la Política Económica, nada tienen que ver con la crisis actual . Forman parte de la misma enseñanza.

Como siempre sucede en economía, al final lo que prevalece es una síntesis de todas las variables que han afectado al desarrollo de este disciplina a lo largo del tiempo; la conducción de la economía en la senda de los equilibrios económicos, financieros y sociales, sigue siendo necesaria, tanto hoy como ayer (y por supuesto mañana), y por ello hay que cuidarla, renovarla y adecuarla a las nuevas necesidades derivadas de una sociedad globalizada. Tiene que percibirse por los docentes-discentes, interlocutores socioeconómicos, organismos gubernamentales y sociedad en general, como una materia útil y necesaria, pero sobre todo capaz de contribuir a resolver los problemas existentes. Y también un poco más humildad y sentido crítico en nuestro trabajo docente e investigador.

NPE: En la situación actual ¿qué puntos positivos y negativos se podrían destacar de la evolución de la disciplina de la Política Económica?

Abordar la respuesta a esta pregunta es complicado, pero mi contestación se efectuará desde tres puntos de vista, siempre en la consideración del antes y después (ayer/hoy de la Política Económica). En una primera consideración, el programa de Política Económica de ayer (Universidades de Barcelona, Granada-Málaga, Sevilla, en una primera etapa), disponía de 100 lecciones en tres cursos (segundo ciclo) en los que el alumno(a) tenía una visión global de la Política Económica, con un fuerte contenido de análisis económico, pero sin olvidar aspectos tales como los métodos y técnicas de la política económica, su elaboración, así como su componente político, entre otros. Hoy el plan de organización docente en las Universidades de Sevilla (etapa actual) y Loyola Andalucía, el discurso es más generalista (pues no disponemos de tiempo), más especializado en algunos aspectos, por ejemplo en política fiscal y política de empleo. Sin querer hemos recortado el campo de la teoría de la Política Económica, para pasar a incidir más en cuestiones de carácter empírico, además de actuales.

El problema no radica tanto en la organización del trabajo de la asignatura como en la propia concepción de los planes de estudios, que han relegado de forma importante a la Política Económica. Sinceramente no veo puntos positivos en el reduccionismo administrativo-legal de la actualidad. Muchos profesores hemos optado por un programa especializado, es decir, olvidando la visión global de la asignatura.

La consideración del elemento político en el estudio de la Política Económica permite contestar a la pregunta efectuada desde otra óptica. El sustantivo de nuestra materia es la política; el adjetivo, la economía; tan importante o más que el diseño de una política económica y elaboración de la misma, es su gestión, su puesta en práctica. El economista no está normalmente en la gestión, no participa realmente en la gobernanza, en la gobernanza democrática. Recuerdo como si fuera ayer que en Política Económica I, tercero de carrera, se dedicaba un trimestre al estudio de la elaboración de la política económica (en Sevilla durante 10 años, por lo menos). Hoy no es posible, pues no hay tiempo para ello. Desde mi llegada a Andalucía, en los departamentos de Política Económica, se han puesto en marcha trabajos de investigación, complementarios, que en parte sustituyen el déficit de docencia en temas principales. Actualmente en la Universidad Loyola Andalucía sigo manteniendo esta metodología de trabajo.

Un tercer aspecto vendría dado por los nuevos campos de investigación, en una economía globalizada, que están sobre la mesa y que necesitan estudio e investigación. Dicho de otra manera la enseñanza de Política Económica se ha actualizado, dando entrada a muchos problemas actuales, no solo económico- financieros sino políticos y sociales, que permiten ser optimistas frente al futuro.

Como resumen de la pregunta me quedaría con la siguiente respuesta: mantener un nivel de docencia +investigación acorde con la necesidad de trabajar en la línea de contribuir a resolver los problemas que acucian a la sociedad actual.

NPE:¿Cuáles son las nuevas tendencias que podrías destacar en la Política Económica?

Me gustaría contestar a esta pregunta desde dos ópticas distintas (y un ejemplo de cada lado), una relacionada con los impactos reales de la crisis sistémica, y otra, desde un nivel mas teórico-estructural de nuestra economía.

Uno de los grandes impactos de la gran recesión en nuestra economía lo encontramos en la desaparición (pura y simple, y por transformación) de parte del sistema financiero español, especialmente el subsistema de las cajas de ahorros. Han sido necesarios (lo siguen siendo) enormes cantidades de dinero público (el denominado rescate financiero auspiciado por la UE) para financiar los costes de una gestión errónea (o una pésima gestión), en los que los gestores-administradores de estas entidades han incurrido, trasladando pasivos de todo tipo a la sociedad española, aumentando las desigualdades. Por el lado de las instituciones reguladoras (verbigracia el Banco de España) poco o nada se hizo para evitarlo, y menos en reprobar-castigar a los causantes de este gran expolio. Lamento tenerlo que decirlo tan claro: las cajas de ahorros de España, salvo honrosas excepciones, han sido saqueadas, tras una gestión penosa por parte de muchos de sus “gestores” y “administradores”, no acorde con la racionalidad económico-financiera ni con el buen gobierno societario.

¿Qué ha pasado con la responsabilidad Social de la Empresa? ¿Y con la ética empresarial? ¿Quién se responsabiliza de todo lo actuado? ¿Se han devuelto o se van a devolver los recursos desaparecidos?. Son muchas las preguntas que podemos plantearnos, pero los economistas, en general, no las hemos planteado. Casi nadie asume su grado de responsabilidad en este proceso de destrucción de una parte del sistema financiero, muy necesario para el crecimiento y desarrollo de la economía, y mucho más en la actualidad. Pero desde el análisis económico hemos hecho poco. Además no hemos pedido perdón a la sociedad. La política económica siempre bascula sobre la racionalización en la toma de decisiones sobre la economía, buscando objetivos y teniendo en cuenta restricciones. El economista tiene que realizar su trabajo buscando la máxima objetividad, en defensa de los intereses generales. No ha sido este el código de conducta utilizado en el sector. Detrás de la tormenta nos ha quedado un sistema financiero pequeño en número, pero de mayor tamaño de cada participante, en definitiva en mercado muy concentrado en pocos agentes, con característica de mercado oligopolista, frente a un mercado más amplio y territorializado, con gran número de agentes, y más pegado a la sociedad. Creo que la Economía, la Ciencia Económica, tiene que retomar un papel activo en esta parcela de la economía española.

Desde un campo opuesto al financiero, pero de enorme trascendencia, lo encontramos en la llamada “España vacía”, que tras un proceso de desertización se ha quedado (o se está quedando) sin población. Las cifras son apabullantes: en el año 2012 mas de 1200 municipios tenían menos de 100 habitantes; más de 2700 estaban entre 100 y 500 habitantes. Es decir, casi 4000 municipios se encontraban por debajo de los 500 habitantes, y con tendencia a aumentar. Son cerca de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio español los que en están en esta situación. Este fenómeno, cuyo origen no es nuevo, por la envergadura que ha tomado debe de formar parte de los nuevos retos de la política económica actual. Investigar la España rural tiene que estar en los nuevos programas de Política Económica. Los riesgos demográficos son enormes. El papel de las políticas públicas es necesario y preferencial. Este fenómeno está a la altura del debate de las infraestructuras en el litoral español, en la culminación del llamado corredor del mediterráneo. La solución de los dos problemas estructurales es necesario. Pero tenemos que pensar (repensar) que tipo de crecimiento económico queremos. Es un debate en el que la política económica tiene mucho que decir. Las propuestas del Comité de las Regiones de la UE y de la Comisión de Despoblación de la FEMP, pueden ser buenos documentos de partida.

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12.- Pro et contra: Gratuidad de tasas en primera matrícula universitaria

(sección coordinada por Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

Pro…

Socializar la inversión en la universidad pública

(por José Beltrán Llavador, Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de Valencia)

Recientemente se ha dado a conocer que el Partido Socialista (PSOE) propone implantar de manera gradual, en los próximos cuatro años, la gratuidad de la primera matrícula universitaria. La justificación de esta medida es que pretende garantizar la igualdad de oportunidad, evitando la diferencia entre territorios. Los argumentos que se esgrimirán a continuación no son estrictamente de orden económico, sino que proceden de la reflexión sociológica, poniendo el acento en factores principalmente de índole social. Una cuestión como la que se plantea remite casi inmediatamente al dilema que apuntó Max Weber, pues el debate a favor o en contra de esta medida puede oscilar entre el criterio científico y la posición política, esto es, entre el conocimiento y la acción. El propio Weber disolvió (más que resolvió) el dilema señalando la necesidad de superar la dualidad entre ambas opciones. Para ello, aquí se pretende una alianza tensa entre los dos criterios, que requiere tener en cuenta un contexto de explicación (explicación comprensiva, en términos del sociólogo alemán). Pues no se trata de dar respuesta a un problema de orden lógico, de carácter meramente formal o técnico, sino de abordar una cuestión que tiene que ver con prácticas y decisiones de carácter social y que se sitúan en el terreno de la contingencia.

Apelar a un contexto amplio de justificación, nos permite recurrir a lo que Pierre Bourdieu (1999) llamó “el espacio social de los puntos de vista”, es decir, a la combinación de diferentes perspectivas. Es lo que haremos a continuación, para defender, con ciertos matices y cautelas, la oportunidad y la relevancia de la medida que pretende introducir el PSOE, en base a cinco ejes, todos ellos relacionados entre sí:

1) Comparación: Si ampliamos la mirada a los países de nuestro entorno –como lo hace el PSOE en su propuesta– la media de gasto de la UE-22 de los países de la OCDE en la financiación del sistema universitario está en torno al 1, 3% del PIB, mientras que en nuestro país es del 1, 08%. La gratuidad de la primera matrícula pretende converger con la media europea en un plazo de 4 años. Por otra parte, las tasas de matrícula en nuestro país son mucho más elevadas que los precios públicos del entorno europeo, como nos muestra el informe Eurydice correspondiente al presente curso []. Si la comparación la establecemos entre comunidades de nuestro territorio, la medida pretende equilibrar y armonizar los precios, evitando los marcados desequilibrios y asimetrías que ahora mismo existen, como revela el propio Ministerio de Educación en su informe referido al curso universitario 2015-2016 []. Las cautelas sobre el criterio de comparación obedecen a los propios límites de la comparabilidad, a una suerte de “crítica de la comparación pura”, o lo que es lo mismo, a la dificultad de comparar regiones y territorios muy dispares haciendo abstracción de sus variables históricas, económicas y culturales.

2) Equidad: La educación es un factor de primer orden para moderar la desigualdad social, comenzando por el nivel de educación infantil. Si bien es cierto que la universidad es la etapa donde menos visibles son las desigualdades, porque la segregación institucional ha operado previamente en educación secundaria, la universidad sigue siendo actuando como un mecanismo de igualación social. En este sentido, la propuesta de gratuidad de la primera matrícula puede impactar de manera positiva en las familias de clases medias, clases que además han sufrido un proceso de erosión como resultado de la crisis económica. El reciente estudio Aprendizaje y ciclo vital establece una clara correlación entre crisis y desigualdad social. Los autores sostienen que “mientras los hijos de familias acomodadas entienden la importancia creciente de la educación en tiempos de crisis y prolongan sus estudios, los hijos de familias con menos recursos no parecen percibir completamente que un mercado laboral en tiempos de crisis ofrece pocas oportunidades a los estudiantes que abandonan tempranamente el sistema educativo. De este modo, las recesiones no solo conducen a una mayor desigualdad social en el corto plazo al reforzar el peso del origen socioeconómico en el logro educativo de los estudiantes menos favorecidos, sino que también pueden tener efecto sobre las oportunidades vitales de los individuos a medio y largo plazo.”  (Cebolla-Boado, Radl y Salazar, 2014: 85). La gratuidad de la primera matrícula puede favorecer las expectativas de las familias con menos recursos, estimulando las estrategias expresivas e instrumentales hacia los estudios universitarios, que contrarresten el peso del origen socioeconómico. Aquí la cautela o el matiz quiere destacar la ausencia de datos empíricos que confirmen correlaciones entre posición social y acceso a la universidad pública, pero todo apunta a que la universidad replica o prolonga el mecanismo de reproducción social que opera desde la escuela, distribuyendo oportunidades según el origen de clase.

3) Sostenibilidad: La elevación de los costes de educación ha afectado de manera singular a aquellos para quienes el esfuerzo marginal es más elevado, esto es, a las familias con menos recursos, así como a los estudiantes menos seguros de poder afrontar los estudios con éxitos, contribuyendo a reproducir –si no a ampliar- las desigualdades sociales. Desigualdades que aparecen por doble vía: como condicionantes del acceso, y como resultado del mismo. La gratuidad de la primera matrícula es una manera viable, operativa y sencilla, de facilitar el acceso a los jóvenes sin recurso. La medida no sólo es más viable, sino que es más fiable y realista (no es gratuitamente altruista), porque está condicionada a aprobar el curso. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la educación –y la educación superior– actúa como un ascensor social cuyo engranaje se abastece, en principio, de energía renovable y equitativa. El matiz en este caso es la necesidad de minimizar el efecto Mateo con una política de becas generosa que pudiera incentivar a la población con menos recursos, o ejerciendo una acción positiva sobre aquellos sujetos cuya trayectoria escolar previa hubiera tenido lugar en la escuela pública.

4) Universalidad: Hasta hace cinco años podíamos explicar al estudiantado, en la asignatura de Sociología de la Educación, que en nuestro país pasamos en un período de tiempo relativamente rápido –en términos históricos– de tener escuela universal (debida a la implantación de la obligatoriedad de la enseñanza básica hasta los 14 años en 1970 y hasta los 16 en 1990) a gozar de acceso prácticamente universal a la Universidad (porque el proceso de selectividad –a través de la PAU– más que cribar, ordena la entrada a todo aquel que quiere estudiar). Con la introducción de lo que se ha llamado “el tasazo”, el decreto Wert [Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo] quebró, entre otros, el carácter universal de la Educación Superior, bajo el pretexto de la crisis, pero sobre todo apelando a los supuestos de excelencia y “calidad” que apostaban, en el caso de la universidad, por un modelo empresarial, corporativo y competitivo. Por primera vez, supimos de estudiantes que habiendo superado la PAU, o bien no iniciaron los estudios de grado o tuvieron que abandonarlos una vez iniciados porque no pudieron pagar su coste. Universidad universal no significa que todo el mundo tenga que estudiar en la Universidad, sino que puedan estudiar en ella quienes cumplan los requisitos académicos para hacerlo. La gratuidad de la primera matrícula supone garantizar y ampliar la igualdad de oportunidades. El matiz, en este caso, es el siguiente: en el fondo, en términos de justicia social, la igualdad de oportunidades es una condición necesaria, si bien no suficiente, para encaminarnos hacia una mayor igualdad de posiciones sociales (Dubet, 2009). O dicho de otra manera, la propuesta de gratuidad puede contribuir a paliar desigualdades educativas, pero no puede pretender superar las desigualdades sociales de las que surgen y que las explican, como no cabe esperar que la fiebre –que es un síntoma– cure la enfermedad.

5) Rendición de sentido: El modelo de universidad está sufriendo presiones y demandas externas crecientes por parte del campo de la economía (de mercado) que exige que actúe siguiendo la lógica de productividad, la competitividad y la rendición de cuentas (accountability). Proponer la gratuidad de la primera matrícula en la universidad pública colisiona contra el modelo de universidad empresarial que está imponiéndose. Habría que recordar que hablar de educación pública y gratuita podría considerarse hasta cierto punto un pleonasmo. Lo público de un servicio, en muchos casos, aspira a su gratuidad o su menor coste. Podríamos preguntarnos qué sería de nuestra sociedad si no materializar el derecho a la educación, una conquista social irrenunciable. De la misma manera que se ha ido ampliando la esfera de derechos, cabe esperar que su perímetro siga creciendo y alcanzando mayores cuotas de igualdad. Pero estos sólo podrán obtenerse en correspondencia con mayores y mejores oportunidades de educación. En sociedades de avanzadas que se caracterizan por el vector del conocimiento, y que por ello plantean políticas de educación y formación a lo largo de la vida, no tiene sentido poner fronteras que endurezcan las condiciones de acceso a, y permanencia en, la universidad pública. Recientemente la UNESCO (2015) lanzaba el desafío de replantear la educación y se preguntaba si debería encaminarse hacia un bien común global. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la educación debería considerarse, efectivamente, como un bien de primera necesidad, un bien común que debe ser compartido y repartido de la manera más justa y equitativa. La salud de nuestra democracia depende en buena medida de la provisión de la educación (incluyendo la educación superior). La cautela o el matiz aquí apuntan a la necesidad de no confundir la democratización de la universidad con su escolarización (entendida como devaluación). Aquí no vale, o no debería valer, aquello de “cuanto más, peor”. Debemos exigir siempre más y mejor educación, si de verdad nos creemos el giro educativo, la exigencia revolucionaria, y la transformación profunda que supone el aprendizaje permanente, a lo largo y a lo ancho de la vida.

Corolario: Con todos los matices que queramos, compartiendo la visión de Amartya Sen por una economía al servicio de los seres humanos y no de los seres humanos al servicio de la economía, quisiéramos finalizar con la siguiente reflexión: si se nos ha obligado a socializar las pérdidas de una crisis económica que ha sido el resultado de decisiones humanas conscientes y deliberadas –esa crisis que es el eufemismo para referirse a una estafa y a un latrocinio planificado y sistémico-, ¿por qué no asumir la socialización de los beneficios (no directamente monetarios, pero sí claramente sociales) que comporta la inversión en una institución pública como la universidad? Aquí la ciencia económica quizá podría hacer cálculos –aritmomórficos– en términos de costes-beneficios. Desde una sociología crítica, además, reivindicamos la necesidad de cambiar, de una vez por todas, la exigencia creciente hacia la universidad de rendición de cuentas (accountability) en términos de productividad y rentabilidad contable –cuando trabajamos con procesos y materia viva y no con productos y materia prima– por la exigencia de rendir sentido (sens-ability) (Beltrán y Teodoro, 2017). Desde esta exigencia deberíamos preguntarnos con honestidad no tanto por la utilidad sino por el sentido de la educación (en este caso la educación pública universitaria) en términos de experiencia social y humana y del valor que supone ampliar los significados de esta experiencia. Y esto a su vez nos llevaría a preguntarnos qué clase de sujetos queremos educar y para qué tipo de sociedad. Una pregunta tan incómoda como necesaria, por no decir urgente. Pero esta pregunta sobre los fines de la educación, que no es en absoluto trivial, nos llevaría a otro tipo de debate, que no eludimos, sino al que desde aquí invitamos.

Referencias

Beltrán, José y Teodoro, Antonio, coord. (2017). La medida de la educación. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE), vol. 10, n. 2, mayo 2017. [https://ojs.uv.es/index.php/RASE/article/viewFile/10252/9527]

Bourdieu, Pierre (1999). La miseria del mundo. Madrid: Akal.

Cebolla, Boado, Héctor; Radl, Jonas y Salazar, Leire (2014). Aprendizaje y ciclo vital. La desigualdad de oportunidades desde la educación preescolar hasta la edad adulta. Barcelona: Obra Social La Caixa [colección estudios, n. 39].

Dubet, François (2009). La escuela de las oportunidades. ¿Qué es una escuela justa? Barcelona: Gedisa.

European Comission/EACEA/Eurydice (2017). National Student Fee and Suport Systems in European Higher Education 2017/2018. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/e/e7/214_EN_Fees_and_support_2017_18.pdf].

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). Datos y cifras del sistema universitario español. [https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-y-cifras-del-sistema-universitario-espanol-curso-20152016/estadisticas-universidad-espana/21461]

UNESCO (2015). Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial? Paris: UNESCO. [http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232697s.pdf]

…Et contra

En contra de la propuesta de gratuidad universal de la educación superior

(por Luis E. Vila, Catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)

La reciente propuesta del PSOE para implantar la gratuidad en la primera matrícula de los estudios universitarios de grado debería servir para revitalizar el casi inexistente debate público sobre la educación superior y su financiación en España. La propuesta llega cuando ya se perciben claramente algunos de los efectos más negativos de la flexibilización del intervalo de precios públicos para la educación superior incorporada en el Real Decreto‐ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Quizás la consecuencia más llamativa de esta flexibilización sea que el precio actual de la matrícula en las universidades públicas de comunidades como Cataluña o Madrid puede llegar a triplicar el precio de los mismos estudios en otras, como Galicia o Andalucía. La evolución divergente de precios de matrículas entre las CCAA sugiere una profunda heterogeneidad de los criterios que cada una de ellas aplica a la hora de contabilizar los costes asociados a las titulaciones universitarias y de aproximar los precios públicos de matrícula a dichos costes. La puesta en vigor de la gratuidad de las matrículas universitarias a través de dotaciones en los Presupuestos Generales del Estado requerirá de un improbable acuerdo a tres bandas entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las Universidades públicas, acuerdo que debería extenderse a la regulación de los precios para las segundas y sucesivas matrículas de grado y también a la regulación de los precios de matrícula en los estudios de postgrado, ya que carecería de sentido implantar la gratuidad en los estudios de grado y no regular al mismo tiempo los precios de los estudios de máster y doctorado. Cuando la equidad y sostenibilidad del sistema de financiación de las propias CCAA está cuestionado con fundamento desde muchas de ellas, y teniendo en cuenta la escasez crónica de recursos en las universidades públicas españolas, parece poco verosímil que un acuerdo tripartito sobre la gratuidad de las matrículas universitarias pueda llegar a materializarse como algo desvinculado de la mucho más compleja cuestión de la financiación autonómica.

La propuesta que nos ocupa contempla aplicar la gratuidad de las matrículas comenzando por los estudiantes con rentas más bajas, para extenderla en el futuro próximo de forma gradual a todos los estudiantes universitarios. El carácter universal de la medida se vincula con el objetivo general de “ampliar el derecho a la educación para situar la educación superior en el eje de las políticas públicas”, a través del objetivo específico de que “España converja en cuatro años con la media de gasto en educación superior de los 22 países de la UE que pertenecen a la OCDE, pasando del 1,1% del PIB al 1,3%”.

En términos genéricos puedo compartir los objetivos que se persiguen con la medida anunciada. “Situar la educación superior en el eje de las políticas públicas” mediante una elevación del esfuerzo financiero públicoes un objetivo plenamente coherente con el amplio grado de consenso social existente sobre el impacto positivo global que las actividades de las universidades tienen en el bienestar en la escala local, regional y nacional. La relevancia de las universidades para el bienestar de toda la sociedad se plasma en dos hechos concretos sobre los que se dispone de una amplia evidencia empírica. El primero es que las universidades aportan a la sociedad un flujo de personas altamente cualificadas, las egresadas de cada nueva promoción, cuyos talentos, destrezas y capacidad para la innovación y el liderazgo deben responder a las demandas siempre cambiantes de cualificaciones en la organización social y en los sectores productivos, al tiempo que las cohortes de trabajadores de más edad se van jubilando. El segundo hecho es que las actividades de investigación de las universidades se orientan a elaborar conocimientos, conceptos, ideas, visiones y perspectivas originales con el potencial de promover el progreso institucional, organizativo y tecnológico del sistema social y económico del que las universidades forman parte, y que es el que ha de financiar en último término los costes que generan las actividades educativas y de investigación.

Sin embargo, el consenso con respecto a los efectos sociales y económicos positivos de la educación superior se quiebra cuando el debate se centra en los costes que genera y, en particular, cuando se discute quién y cómo debe financiar el gasto que comportan las actividades de las universidades públicas. En este sentido, albergo serias dudas con respecto a que la gratuidad de los precios de matrícula universitaria pueda contribuir a elevar el gasto total en educación superior en España y que, como consecuencia, las políticas públicas realmente se orienten a priorizar las funciones social y económica de las universidades como instrumento para mejorar la realidad de nuestro país. Mis dudas sobre la eficacia de la medida proceden de tres tipos de consideraciones que expongo a continuación.

En primer lugar, la aplicación de la propuesta de gratuidad implica que aquellos estudiantes que aprueben todas las asignaturas de un grado a la primera no tendrían que pagar nada de su bolsillo por la formación recibida, de forma que la financiación de sus estudios procedería únicamente de fuentes públicas. Es decir, la propuesta no supone una aportación neta de recursos adicionales para la educación superior, sino que tan solo deriva a los presupuestos públicos la parte del coste de la universidad que hoy por hoy soportan los estudiantes. Es este escenario de sustitución de financiación privada por pública es muy improbable que se alcance el objetivo específico de que el gasto en educación superior en España se eleve hasta la media europea del 1,3% del PIB. Conviene señalar que dicha media sitúa a la UE22 claramente por debajo de los países del mundo que más invierten en educación superior. A escala global destaca el esfuerzo financiero en educación superior de los Estados Unidos (2,7% del PIB), Canadá (2,6%), Corea (2,3%), Chile (2%) y Nueva Zelanda y Turquía (1,8%); en Europa, los países con mayor gasto en educación superior son Estonia (1,9%), Finlandia y Reino Unido (1,8%), y Austria, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega (1,7%). La propuesta de gratuidad no nos acercará al promedio europeo porque no contempla destinar más recursos para educación superior, sino solamente una redistribución de los costes entre el sector privado y el sector público. Además, incluso alcanzando la media europea, España todavía quedaría muy lejos de los países que más invierten en Europa y en el mundo. Las tendencias globales apuntan a la necesidad de elevar el gasto total en educación superior mediante el aumento de la participación privada, y resulta evidente que sin una financiación suficiente la educación superior difícilmente podrá constituirse en el elemento central de las políticas públicas en España.

En segundo lugar, la gratuidad de las matrículas universitarias para los estudiantes que aprueban todo a la primera no supone ninguna mejora en el ámbito de la equidad distributiva en nuestro país. Conviene recordar que históricamente la educación universitaria en España ha estado y está todavía fuertemente subsidiada por el sector público y que, a pesar de las subidas que algunas CCAA han aprobado en los últimos años, las matrículas que pagan los estudiantes cubren una modesta fracción de los costes reales en que incurren las universidades públicas. Por poner solo un ejemplo concreto, en 2018 la Universitat de València, que cuenta con unos 40000 estudiantes matriculados en títulos oficiales, ingresará menos de 49 millones de euros por los precios de matrícula, que representan apenas un 14% de los 351 millones de euros del presupuesto corriente de la institución. Las cifras anteriores revelan dos hechos: primero, que el coste medio por año de los títulos oficiales en esta universidad es de algo más 8700 euros, mientras que el precio medio que pagan los estudiantes es de unos 1200 euros, de forma que el subsidio público actual se eleva a unos 7500 euros por plaza y año; y, segundo, derivado del anterior, que el 86% del gasto necesario para que las personas que lo desean puedan cursar estudios oficiales en la institución se financia básicamente a través de transferencias de la Generalitat Valenciana, de forma que la mayor parte del coste recae indirectamente sobre los contribuyentes a través de los impuestos. Aunque las cifras concretas serán diferentes en otras instituciones, las universidades públicas españolas en conjunto repercuten a sus estudiantes, que son los usuarios directos de los servicios educativos y sus principales beneficiarios, solo una pequeña fracción de los verdaderos costes de la educación. Técnicamente, el subsidio público a la educación superior se justifica por la presencia de efectos externos, es decir, por el hecho de que, aunque cada persona es la principal beneficiaria de su propia educación universitaria, la inversión educativa también genera beneficios para toda la sociedad, y es por tanto equitativo que la sociedad en su conjunto contribuya a la financiación de la educación universitaria para que ésta se pueda ofrecer a un precio inferior a su coste real de provisión. Sin embargo, el actual subsidio público, que algunos autores denominan la “beca oculta”, favorece por igual a todos los estudiantes que se matriculan en la universidad con independencia de su capacidad económica y tan solo se reduce -aunque no desaparece- para quienes repiten asignaturas, puesto que el precio a pagar por las segundas y sucesivas matrículas es algo más elevado que el de las primeras. La gratuidad universal de la matrícula implicaría extender el actual subsidio lineal hasta el 100% del coste de los estudios para todos los universitarios con independencia de cuál sea su capacidad económica, siempre que aprueben a la primera. Hay que tener en cuenta que los estudiantes que provienen de entornos económicamente más favorecidos son, precisamente, los que pueden dedicarse al estudio con mayor dedicación e intensidad y quienes tienen, en consecuencia, mayor probabilidad de beneficiarse con la ampliación del subsidio público que supondría la gratuidad de las matrículas. Por el contrario, los estudiantes que proceden de entornos menos favorecidos, quienes a menudo deben compaginar estudio y trabajo para mantenerse a sí mismos y/o colaborar en el sostenimiento económico de sus familias, tienen menor probabilidad de aprobar todas las asignaturas en la primera oportunidad, de forma que si pretenden seguir estudiando se verán aún más penalizados por los precios más elevados de las segundas y sucesivas matriculas.

En tercer lugar, la gratuidad universal de las matrículas universitarias implica necesariamente postergar otras prioridades de gasto público en un contexto económico y social que ya padece las consecuencias de severos recortes en los presupuestos de gasto social. En este sentido, el carácter acumulativo de la inversión educativa aconseja dirigir el énfasis político y presupuestario no tanto hacia la educación superior sino más bien hacia los niveles educativos previos a la universidad. Para avanzar realmente en la igualdad de oportunidades es necesario acometer el diseño y aplicación de políticas educativas inclusivas orientadas a ofrecer mejores oportunidades de acceso y, sobre todo, de resultados en la educación infantil, primaria y secundaria para que sea posible comenzar a derribar las verdaderas barreras con que se enfrentan quienes no consiguen acceder a la universidad por motivos económicos. En la educación superior los subsidios públicos se deberían aplicar a través de mecanismos de ayuda directa a los estudiantes que más lo necesitan en lugar de intensificar todavía más el carácter regresivo del subsidio actual ampliándolo al 100% y condicionándolo, además, al rendimiento académico como contempla la propuesta que discutimos. Existen al menos tres tipos de instrumentos de ayuda financiera directa a los estudiantes con efectos favorables para la igualdad de oportunidades en la educación superior. El primero es el establecimiento de un sistema público de préstamos contingentes para pagar los precios de las matrículas ajustados a los costes de provisión de los estudios. Los préstamos se devolverían únicamente a partir del momento en que los ingresos posteriores a la graduación superasen determinados niveles de renta. El segundo es la calibración de un sistema de precios públicos de matrícula vinculados de forma progresiva a la capacidad económica de los estudiantes y sus familias, de forma que los estudiantes con mayores rentas paguen más por sus estudios que los que tienen rentas menores. El tercero es la implantación de un sistema de ayudas personalizadas al estudio que garanticen la plena dedicación de los estudiantes a la actividad académica mediante becas-salario, que cubren tanto el coste de la educación como los gastos de mantenimiento del estudiante. La utilización combinada de este tipo de instrumentos permitiría que la gratuidad de las matrículas y el disfrute de ayudas directas al estudio financiadas con recursos públicos quedaran reservados exclusivamente para aquellos estudiantes que procedan de familias con ingresos más bajos, en lugar de beneficiar por igual a los buenos estudiantes con independencia de su nivel de ingresos.  

En resumen, la educación superior gratuita no existe: el coste de provisión de los estudios universitarios ha de ser financiado por alguien, directa o indirectamente. Creo que es conveniente que la sociedad conozca los verdaderos costes de la educación superior para que podamos decidir colectivamente cómo distribuirlos mejor y la gratuidad universal no ayuda a que así sea.  Estoy en contra de la propuesta de gratuidad porque pienso que su implantación haría más difícil aumentar el gasto total en educación superior en el futuro, porque es regresiva desde el punto de vista de la equidad en la repercusión de los costes del servicio público educativo y porque supone, además, un retroceso con respecto a la igualdad de oportunidades para los estudiantes provenientes de sectores sociales con mayores dificultades de acceso a la universidad.

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13.- Submonográfico: 50 años de la edición del libro “El problema de los salarios en España” de José Jané Solá.

Jané Solá y los salarios en España. Entonces y ahora (por Isidro Antuñano Maruri, CIRIEC España. Profesor de Política Económica en la Universidad de Valencia, entre 1974 y 2012. Dirección electrónica: Isidro.Antunano@uv.es)   En 1968, la editorial Oikos Tau publicaba el libro El problema de los salarios en España, de D. José Jané Solá, a partir de su tesis doctoral, que un año antes había obtenido la máxima calificación académica en la Universidad de Barcelona. El libro del Dr. Jané fue el número dieciocho de la colección de libros de economía de Oikos Tau, una serie dirigida por Ernest Lluch y en la que los diecisiete autores anteriores eran todos ellos economistas extranjeros, de Schumpeter a Napoleoni, de Dobb a Tinbergen, y así sucesivamente. ¿Por qué los salarios, y por qué el problema de los salarios? Los salarios eran entonces, y son ahora, la parte de la renta nacional que suscita las mayores sospechas de los economistas convencionales. Los aumentos de los salarios suelen ser culpados por estos economistas de las tensiones inflacionistas en el país, de la caída de la inversión privada, y de la pérdida de competitividad internacional, entre otros asuntillos, incluido el del reducido nivel de empleo. Y claro, eran (son) un problema para la academia: no se dejaban manejar a su antojo por los estrategas de los planes de desarrollo de entonces (ni de los programas de devaluación interna de ahora). Afortunadamente, Jané Solá no era entonces un economista convencional; y por lo que sé, tampoco lo fue después, ni lo es ahora a sus ochenta y dos años que cumplirá en junio de 2018. Era, por el contrario, un economista en el mejor sentido amplio de la palabra, que, para empezar, trató de sintetizar para aquel momento histórico concreto el estado teórico más avanzado en el mundo sobre la cuestión de los salarios. Se encargó, además, de reunir y analizar a fondo la evidencia empírica disponible para España en todas sus múltiples dimensiones, y como no era mucha, se dedicó a elaborar muestras significativas de salarios reales (“realmente reales”, decía él) a sus propias expensas. Con este bagaje, se empeñó en explorar todas las cuestiones diferenciales respecto de las remuneraciones salariales: por sectores y ramas de la producción; por ocupaciones; por niveles de instrucción; según las dimensiones de las empresas y su localización geográfica; etc. Y, claro, siendo un economista especializado en la Política Económica, o sea, en la acción económica pública orientada al bien común, había de efectuar propuestas plausibles de actuación, por lo general con una orientación de medio y largo plazo. El punto de partida de El problema de los salarios en España era una doble afirmación del profesor Jané (páginas 31-32): “El ritmo de acumulación del capital humano ha de ser siempre superior al del crecimiento de la mano de obra” (o sea, apostando por un desarrollo cualitativo y no solo cuantitativo del empleo); “y el ritmo de aumento del capital humano deberá exceder, en general, al ritmo del propio desarrollo económico” (apostando por un peso creciente del conocimiento dentro de los indicadores más convencionales de la actividad económico Con esta toma explícita de posición, el autor se desmarcaba de las tesis desarrollistas en boga en aquella época, que ponían el acento, de manera prácticamente exclusiva, en la acumulación de capital financiero y físico, y en particular en la inversión en infraestructuras físicas: carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. Y pantanos. Muchos pantanos. Para dotar de contenido a su apuesta por el capital humano en España, el autor depositaba la mayor de sus esperanzas en los cambios en el sistema educativo y en la formación profesional; cambios que permitirían aumentar la cualificación de trabajadoras y trabajadores, proporcionar a las empresas mano de obra más cualificada, y posibilitar así el despliegue de la productividad global del sistema productivo. Cuando el citado libro se escribía, seguía vigente en España una estructura educativa que segregaba a los niños y niñas a los diez años: los listos y/o con posibles ingresaban en el bachillerato elemental (que se extendía entre los diez y los catorce años de edad), como tránsito a otros posteriores destinos formativos y profesionales. Los torpes o sin posibles, eran acogidos en la instrucción pública hasta los catorce años (o antes, si abandonaban por su cuenta sus estudios), y destinados a la mera obtención de un certificado de escolaridad, previa demostración de que controlaban las “cuatro reglas” que entonces se requerían. Sí, eran cuatro: sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, algo sabían, además, de Viriato y del llamado Alzamiento Nacional contra el comunismo. La Ley General de Educación de 1970 (más conocida entonces como Ley Villar, en honor al entonces ministro Don José Luis Villar Palasí, valenciano por más señas), vino a poner en práctica algunas de las propuestas que defendiera Jané Solá varios años antes, y con él todas las personas que reclamaban un cambio educativo, tanto por razones de justicia social como de eficiencia productiva y social. Con esa ley, la segregación educativa por edades se retrasó hasta los catorce años, y se montó el primer sistema de formación profesional generalizado para todo el territorio nacional, que funcionaba como alternativa a un bachillerato de tres años más COU. La prueba de que retrasar la segregación educativa hasta los catorce era una buena idea es que en 1990 se elevó por la LOGSE a los dieciséis años y (casi) todos vieron en ello un avance, porque nadie ha dado desde entonces marcha atrás en esta cuestión. En cuanto al primer sistema nacional de formación profesional, mereció menos elogios, por su carácter inicialmente residual y su poca dotación de medios, aunque las reformas posteriores basadas en ciclos formativos de grado medio y grado superior mejoraron mucho su eficacia. La propuesta básica de política de salarios, una vez asegurada la adecuada cualificación del capital humano, se contenía en seis componentes vinculados entre sí. El primer de ellos era “el establecimiento de un salario mínimo, a nivel suficiente y por zonas”. Suficiente es aquí una palabra que permitía a Jané a la vez desmarcarse de las insuficiencias del salario mínimo en su época, y no tener que precisar en concreto su alternativa en este punto. En cuanto a la referencia a las zonas, hay que entender en la terminología del autor las distintas provincias o regiones de España, aunque no fuese muy explícito al respecto; y basándose en la idea de que un mismo salario mínimo nacional podía ser discriminatorio en presencia de tasas diversas de variación en el Índice de Precios al Consumo a escala regional. En segundo lugar, Jané proponía “la autorización de incrementos de salarios estipulados en los convenios en función de los trabajos, empresas y sectores de que se trate”. El acento se ponía aquí en la necesidad de libertad en la negociación colectiva entre los agentes sociales, y en la diversificación de estos acuerdos según las distintas ocupaciones, las circunstancias de las empresas y las estructuras productivas de rama o sector. La referencia a la “autorización” de los incrementos de salarios debe leerse como la mera aceptación, tramitación o conocimiento de los mismos por las autoridades, y no como trasunto del intervencionismo de la época (que el genial caricaturista Cesc, también catalán, sintetizaría en 1971 con su plumilla magistral: un españolito en pie, que implora frente a una ventanilla oficial “vengo a pedir una autorización para pedir una autorización”). Un tercer eje de la propuesta de Jané es “la participación efectiva en beneficios, que asegure una cierta redistribución de la renta social y permita un nivel de vida decoroso para las unidades familiares”; y el cuarto, “la implantación de unos ´salarios sociales’ (subsidios, jubilaciones, pensiones) justos y suficientes”. Nótese que la participación en beneficios se caracteriza como “efectiva”, o sea, significativa, destacada, no una mera declaración propagandística de intenciones; y que los diversos componentes del “salario social” adquieren es esta formulación una gran importancia (que tan notable sería en 1977 en los Pactos de la Moncloa, para cerrar el paso a la hiperinflación en España). Por cierto, la aparente redundancia entre jubilaciones y pensiones se resuelve si se entienden las jubilaciones como pensiones por cese del trabajo, englobándose en el resto de pensiones las de viudedad, orfandad, invalidez, etc. Un quinto aspecto de la propuesta de Jané es “el aseguramiento del poder adquisitivo de las rentas retributivas”. Este aseguramiento debe entenderse tanto en relación a las subidas de precios, y en particular de los precios al consumo, como en relación a las congelaciones salariales recurrentes de la época cuando las cosas venían mal dadas para la economía nacional en su conjunto. No puede olvidarse, además, que en la década de los sesenta se consideraba que por lo general el índice de precios al consumo subestimaba la carestía real de lo que entonces se llamaba el coste de la vida. Hoy en día, no se suele ya cuestionar la fiabilidad de las mediciones del IPC (aunque siempre hay gente para todo), y el acento crítico se pone más habitualmente en las congelaciones o cuasi congelaciones practicadas en la última década en rentas como las de las personas empleadas en la función pública, en las pensiones, en las prestaciones por desempleo, y en una gran cantidad de convenios colectivos no renovados. El punto final que cierra el modelo propositivo de Jané en 1968 es “la implantación de unas correctas diferencias intersalariales a unas magnitudes recompensadoras y estimulantes, que coadyuven a distribuir las rentas salariales de una manera adecuada”. La idea que subyace en esta proposición es la de romper con la uniformidad salarial típica de los salarios administrados, sustituyéndolo por una relación adecuada entre esfuerzo formativo y rendimiento productivo, de un lado, y retribuciones de otro. Por supuesto, Jané deja fuera de estas correctas diferencias salariales las existentes en su época (y en la actual) entre remuneraciones de los varones y de las mujeres en igualdad del resto de condiciones laborales. Diferencia en contra de las mujeres de una media aproximada del veinticinco en por cien en 1965, que más de cincuenta años después El País, en su editorial del 11 de febrero de 2018, cuantifica en el 23% para el año 2017. En el momento de publicar su libro, Jané ya intuía que la perspectiva de integración en el Mercado Común (que no llegaría efectivamente hasta 1986) exigiría una modernización productiva y salarial de gran envergadura; que el futuro del país estaba, entre otras cosas, en su integración no meramente formal en la OIT (que ya se había producido en 1956), y que no produciría efectos reales hasta 1976, de la mano del reconocimiento de la libertad sindical. El autor se refiere en este marco al novedoso fenómeno social en aquella época de las Comisiones Obreras, a las que califica como un sindicalismo extralegal y una realidad natural a tomar en cuenta. Eso sí, se refiere a ellas de manera cauta: adecuadamente escondida la argumentación en pie de página (página 173, cita 28), y llamando en su apoyo a la difícilmente objetable opinión de La Vanguardia, órgano de expresión del catalanismo empresarial más moderno de aquellos años. Para finalizar, un comentario melancólico sobre El Problema de los Salarios en España. Un libro, puede pensarse, que en su momento fue innovador, bien trabajado, valiente, equilibrado, apasionado por la equidad e impecablemente universitario, pero que hoy sería ya solo un documento de interés para la historia de España. Pero no es cierto: sigue siendo todo un ejemplo de relevancia, rigor y objetividad para los economistas de ahora. *****   El texto “El problema de los salarios en España” de José Jané Solá. Comentarios y análisis a los 50 años de su publicación (por Joaquín Novella Izquierdo. Catedrático de Política Económica, Universidad de Barcelona. Dirección electrónica:j.novella@ub.edu)   1. Mediante el presente escrito pretendemos comentar y analizar el significado que para la literatura económica española tuvo la edición de la obra “El problema de los salarios en España” de José Jané Solá en 1959. A nuestro entender, tres fueron las brillantes aportaciones del texto de José Jané Solá(JJS): La contribución al análisis económico de los salarios y, más concretamente, de los salarios diferenciales como instrumentos para el desarrollo económico.El estudio sólido y pionero de los salarios y, más concretamente, de los salarios diferenciales y del mercado de trabajo en España.Las recomendaciones y propuestas que efectuó JJS, (como brillante profesor de Política Económica), para la reforma del mercado de trabajo en España, de manera que estas reformas contribuyesen al desarrollo económico español.   2. Entendemos que para una mejor comprensión y valoración del texto debemos observarlo desde una doble perspectiva histórica: a) En primer término, considerando el contexto histórico-político-económico en el que surge la obra, el tardo-franquismo de finales de los sesenta y, b) en segundo lugar desde una perspectiva a más largo plazo, que observe la obra a la luz de los análisis y realidades existentes 50 años después, es decir, desde la actual época de globalización económica y social. 3. La coyuntura histórica y económica en que surge el texto es el tardo-franquismo de finales de los sesenta, época en la que la dictadura empieza a sentir la presión de las fuerzas democráticas y del movimiento obrero, mientras que por otra parte determinados sectores gubernamentales comienzan a efectuar una tímida apertura interior y exterior con la incorporación de ministros y gestores denominados tecnócratas. A nivel europeo las democracias y el libre mercado marcaban las instituciones y el sistema de producción fordista, con convenios colectivos, producciones en grandes series y consumo de masas, diseñaban las relaciones laborales del Capitalismo Transnacional. 4. Fruto principal de la Tesis Doctoral presentada en 1967, el joven (32 años) y brillante profesor JJS publicaba en 1969 el interesante, pionero y riguroso texto “El problema de los salarios en España”. La obra recibiría elogios y comentarios de carácter nacional e internacional. El profesor F. Estapé en su Prólogo la calificaba de “una corriente de aire frío (lógica económica y conocimientos básicos de política económica) en una atmósfera viciada …Estamos ante un libro importante”. El texto contiene dos partes interesantes e interrelacionadas: En la Primera Parte JJS realiza un amplio análisis económico de los salarios y, más concretamente, de los salarios diferenciales como instrumentos para el desarrollo económico y en segundo lugar interrelaciona con acierto salarios, productividad, empleo y paro. Dedica JJS la Segunda Parte a estudiar los salarios diferenciales y el mercado de trabajo en España y finalmente a ofrecer propuestas para la reforma del mercado de trabajo y la consecución del desarrollo económico español. 5. La primera e interesante aportación del texto se refiere al análisis económico de los salarios y especialmente de los salarios diferenciales como instrumento para el desarrollo económico, todo ello observado desde un punto de vista pluralista (utilizando autores e ideas de todas las escuelas económicas). Efectivamente, JJS a partir de la literatura económica de la época, realiza un amplio y sólido análisis, para mostrar como los salarios diferenciales por, ocupaciones, sectores y áreas geográficas pueden ser un eficaz instrumento para conseguir el desarrollo económico. Jané explicará acertadamente como los salarios diferenciales podían impulsar la mejora de la eficiencia económica de las empresas, ahorrando mano de obra sub-empleada, e incentivando, formación, nuevas tecnologías y mejoras organizativas, mediadas todas ellas que impulsarían aumentos de la productividad y del PIB. Los salarios diferenciales también generarían en los trabajadores interés en su propia formación, mejorando de esta manera el Capital Humano y la productividad. Así mismo los salarios diferenciales contribuirían a la mejora de las rentas de los trabajadores, impulsando sus niveles de consumo, y aumentando, en consecuencia, el nivel de la demanda agregada e impulsando el crecimiento económico. Finalmente, los salarios diferenciales contribuirían a redistribuir la fuerza de trabajo hacia los sectores, ocupaciones y aéreas económicas más productivos y por otra parte impulsarían la eliminación de empresas marginales fundamentadas en el subempleo de mano de obra muy barata. 6. En el primer apartado de la Segunda Parte estudia JJS los salarios diferenciales y el mercado de trabajo en la España de los sesenta. En este apartado JJS nos explicará con claridad las características del mercado laboral español: mercado intervenido mediante diferentes Reglamentos y Órdenes, sin libertad sindical, sin libertad de pacto sindicatos-patronales, mercado de trabajo opaco, con falta de flexibilidad laboral, con escaso capital humano, empresas no siempre eficientes con excesivo uso del factor trabajo de baja remuneración, minifundismo empresarial, y pluriempleo. En segundo término, aún a pesar de la dificultad que suponía de falta de estadísticas fiables, JJS realizará un riguroso y pionero estudio sobre los salarios y en especial los salarios diferenciales en España, utilizando encuestas y metodología estadística. En el texto se constatará la existencia de salarios diferenciales por, ocupaciones, sectores, áreas geográficas. En segundo término, observará el autor la existencia de una correlación positiva entre salarios diferenciales y niveles de formación. Finalmente observará también que la política de salarios diferenciales ha sido escasamente utilizada como instrumento para la política económica del desarrollo. Así mismo, JJS estudia por primera vez la aplicación de la curva de Phillips a la economía española, observando empíricamente como también en nuestro país conforme crecía el empleo y se reducía el paro, aparecían progresivamente las tendencias de aumento de los salarios y los precios. Trata finalmente JJS los diversos tipos de paro existentes y nos describe medidas de política económica para solucionarlos.  Por último, establece el autor tres interesantes límites a la política salarial, a) que no genere inflación, b) que unos salarios excesivamente bajos puedan producir falta de demanda y paro y finalmente, c) que la excesiva debilidad de los salarios permita la existencia de empresas ineficientes y marginales. 7. En el segundo apartado de la Segunda Parte de la obra, aparece el profesor de Política Económica, (aquél que indicaba siempre a sus discípulos, entre los que me hallo, que “la Política Económica era política por el substantivo”), y realiza un conjunto de propuestas y recomendaciones para la reforma del mercado de trabajo y para el desarrollo económico español, (especialmente en el capítulo titulado Observaciones Finales), propuesta importantes, significativas y comprometidas para la época. En el texto analizado se propugnarán unas relaciones laborales de libre pacto entre sindicatos y empresarios por medio de los convenios colectivos, el impulso de una mayor flexibilidad en las relaciones laborales, la mejora en la información sobre el mercado de trabajo, el desarrollo de mejores sistemas de formación y reciclaje y el establecimiento de seguros de paro y pensiones dignas. En el ámbito salarial, propondrá la determinación de los salarios mediante acuerdos en convenios colectivos, junto al establecimiento de un salario mínimo suficiente. Por último, haciendo referencia a la aplicación de los salarios diferenciales observará JJS que estos pueden impulsar la mejora de la eficiencia económica de las empresas, ahorrando mano de obra sub-empleada, e incentivando, formación, nuevas tecnologías y mejoras organizativas, mediadas todas ellas que impulsarán aumentos de la productividad. Los salarios diferenciales también generarían mejoras del capital humano y de las rentas de los trabajadores. Finalmente, los salarios diferenciales contribuirán a redistribuir la fuerza de trabajo hacia los sectores, ocupaciones y aéreas económicas más productivas y por otra parte impulsarán la eliminación de empresas marginales fundamentadas en subempleo de trabajadores con salarios bajos. Entre las últimas propuestas del texto, JJS apela a la necesaria hora del Derecho del Trabajo  ” es función del Derecho del Trabajo la elaboración de la normativa adecuada. A esta disciplina compete pues, ahora tomar el relevo…”, y aunque explícitamente no lo dijera, se podía sobreentender que el autor apelaba al cambio normativo e institucional, fijando como horizonte “la perspectiva europea”. 8. Intentaremos a continuación observar la obra desde una perspectiva a más largo plazo, que comentará el texto a la luz de los análisis y realidades existentes 50 años después, es decir, desde la época de la Globalización Económica y Social. Situados en la cuarta fase del capitalismo: la Globalización, el Toyotismo y la Descentralización Productiva, junto con la Revolución Digital e Internet, han producido y continuarán produciendo cambios fundamentales en las relaciones laborales y en las teorías que explican los mercados de trabajo. La obra aquí analizada observará ahora sus límites, al estar situada en otra época histórica, la de los años sesenta, en un contexto de capitalismo transnacional con métodos fordistas de relaciones laborales y producción. Sin embargo, en nuestra opinión, aún a pesar de las transformaciones históricas producidas, el texto de JJS continúa siendo importante, continúa observando una singular relevancia, tanto para el análisis de los salarios y el mercado de trabajo, como para entender las características del mercado de trabajo español en los sesenta y setenta y las transformaciones en él realizadas. Si observamos la realidad económica y social española actual, en la fase de crisis 2008-2013 y en el periodo de recuperación económica iniciado en 2014, aparecen con fuerza en ambas fases aspectos significativos como los anteriormente citados, globalización,   descentralización productiva, toyotismo, revoluciones digitales ,así como una política gubernamental desreguladora y neoliberal del mercado de trabajo; en consecuencia, en España se han producido y perviven desde el año 2008 unos cambios ,que a nuestro juicio, han producido una reducción de los derechos laborales, han empeorado las relaciones laborales y el mercado de trabajo: impulsando la segmentación, la desregulación y la precarización de los mercados laborales, de manera que incluso  en la fase de recuperación económica perviven las desigualdades junto a una intensa precarización laboral para gran parte de los trabajadores. Ante la situación anterior se requiere, a nuestro juicio, ensanchar el marco de análisis para el estudio de las relaciones laborales y del mercado de trabajo, más allá del empleo y el paro, se deben analizar también la calidad de las condiciones de trabajo y los derechos laborales Como instrumento de amplia utilidad para analizar los mercados de trabajo y las relaciones laborales aparece, a nuestro entender, el concepto de Trabajo Decente de la OIT con toda su relevancia. Si entendemos como Trabajo Decente, el trabajo con derechos laborales, el trabajo y las relaciones laborales en cantidad y calidad, los diversos capítulos que conforman  el concepto de Trabajo Decente nos permitirán realizar un amplio análisis  sobre los mercados de trabajo y las relaciones laborales en España y efectuar, así mismo, un programa de mejora en  diversos aspectos del mercado de trabajo español, propuestas normativas ,económicas y sociales, para conseguir: Trabajo suficiente(no al paro masivo), Salarios suficientes(no a los trabajadores pobres), Buenas condiciones laborales(estabilidad y seguridad), Protección Social(no al trabajo irregular),Diálogo Social con convenios colectivos vinculantes, etc. *****     José Jané Solá y el problema de los salarios en España (por Gumersindo Ruiz, Catedrático de Política Económica, Universidad de Málaga)   1.-El entorno en España de la formación de los salarios Hace ahora 50 años que el profesor José Jané Solá, publicaba lo que ha sido un libro de referencia sobre la formación de los salarios. En aquella época se había abierto España a la economía internacional, y a un tipo de cambio de la peseta sujeto a las valoraciones del mercado. Se intentaba renunciar a controles de precios y otros que afectaban a la actividad empresarial, así como a la intervención en el crédito y las finanzas; muchos de estos controles tardaron años en ir poco a poco desapareciendo, pero la tendencia de abandonar una economía mal planificada, marcaba indudablemente un camino sin retorno. No pueden interpretarse aquellos cambios como una liberalización o desregulación de la economía tal como hoy lo entendemos, y las implicaciones sociales de las mismas no eran el abandono de un estado de bienestar o la protección de las clases más desfavorecidas, pues la economía dirigida no era capaz de proporcionar unos estándares de bienestar de acuerdo con las expectativas de los españoles que tomaban como referencia a los países europeos. Más bien eran formas de proteccionismo de sectores, geográficas, e incluso de clases de trabajadores, bien por motivos políticos, o simplemente arbitrarias, y cuyas consecuencias y efectos no siempre se correspondían con lo que se pretendía. Tan sólo ocho años antes de la publicación del libro de José Jané, la economía española colapsaba, se encontraba sin reserva alguna de divisas, y tenía que sujetarse forzosamente , y con un  fuerte coste social, a un duro plan de estabilización, que, por otra parte, permitió la apertura de España a Europa. Hay que recordar que en aquellos momentos la propia emigración no se consideraba un derecho, y estaba restringida, y la patronal recelaba de la reducción de mano de obra disponible, que supondría un fuerte flujo migratorio hacia Europa; a partir de entonces, fue una válvula de escape para el mercado de trabajo español, y además las remesas de emigrantes, junto con los ingresos por el turismo como nuevo fenómeno, equilibraron  el déficit entre importaciones y exportaciones de bienes y servicios. 2.- Los salarios y el factor trabajo en una función de producción En este contexto, José Jané plantea que el mercado de trabajo y los salarios deberían también formar parte del proceso en que estaba la economía española, y que los salarios no podían establecerse por criterios políticos, dentro de la negociación dirigida por el Estado en el marco de los sindicatos que integraban a patronal y trabajadores. El argumento principal era que en la formación de los salarios, además de la oferta y demanda de mano de obra, para ocupaciones específicas, había que tener en cuenta la forma productiva y de la empresa, que daba lugar a unas ganancias de productividad. Esta idea tan obvia, aunque no en aquellos tiempos, abría un campo extraordinariamente rico para el análisis de la función de producción, -y en ello trabajamos bajo la dirección de José Jané-, a partir de funciones en las que el producto de la economía venía determinado por los factores trabajo y capital, que contribuían al producto con ponderaciones a determinar. La participación de ambos factores en el producto se identificaba con la productividad marginal de los mismos, y dando un paso más, la remuneración de trabajo y capital dependería también de esas productividades marginales. Los trabajos empíricos mostraban que el producto de una economía nunca se explica sólo por las aportaciones de trabajo y capital sino que hay un factor, conocido como factor residual, que explica la evolución del producto. Dentro de ese factor se incluyen, entre otros, las mejoras en sanidad y alimenticias de la población, la educación, y la productividad de las inversiones vinculadas al capital en forma de tecnología, que se incorporan a la mano de obra. Precisamente la educación fue una de las líneas de trabajo más fructíferas que se emprendieron a partir de los trabajos de José Jané Solá, y principalmente por la tesis doctoral que dirigió del profesor José Luis Moreno Becerra –prematuramente fallecido, en plena actividad creativa en sus investigaciones propias y de su equipo de trabajo-. José Luis Moreno estudió teórica y empíricamente cómo se forman los salarios, teniendo en cuenta los factores anteriores, y también el medio institucional en que se mueven: la formación, las características del mercado de trabajo, y la manera en que las empresas contratan, promueven internamente, y cómo establecen las categorías profesionales y salariales, en función de variables económicas puras -como puede ser la disponibilidad relativa de mano de obra con una formación determinada, para puestos concretos-, o por otras razones, que tiene que ver con prácticas institucionalizadas, de carácter interno o externo. 3.- Actualidad de la aportación para el análisis del problema El problema actual de los salarios en España puede analizarse con la metodología que está en la raíz de los trabajos pioneros del profesor Jané. Las conclusiones en cuanto a medidas de política económica serán distintas a las que llegaba hace cincuenta años, pero el método de análisis exige tener en cuenta los factores que él propuso. Los salarios en España sufren las consecuencias de una gravísima crisis y un  problema de histéresis en que la recuperación, a partir de un trauma de la intensidad que sufrió nuestra economía y  el mercado laboral, no se da; no hay por tanto no ya una mejora, sino siquiera una reversión a la media histórica del crecimiento de la productividad, el empleo, y los salarios. La productividad –concepto que podemos simplificar y referirlo a aumentos en la cantidad de horas trabajadas por su productividad media, incorporando al  trabajo las ganancias de productividad del sistema-, sube año a año en torno al 1 por ciento en los años 2003 2007, y cae un 3 por ciento en 2009; sin embargo, en 2010 sube un 3 por ciento, por el efecto de que los despidos masivos no se corresponden exactamente con la caída de la producción, o dicho de otra forma, las empresa, y  la administración pública, siguen produciendo más o menos lo mismo pero con menos personal y menos horas trabajadas. Desde 2010 y hasta la actualidad esa productividad se mantiene en torno al 1 por ciento anual. Por otra parte, la masa salarial cae con el aumento del paro, y no se recupera al reducirse éste, pues las horas trabajadas se reducen, y también la remuneración por hora trabajada. Se han señalado factores que contribuyen a explicar esta reducción de masa salarial en España, entre ellos el de la pérdida masiva de empleo en el sector financiero, que en buena medida está sujeto a pre jubilaciones, pero que en cualquier caso son remuneraciones que salen de la masa salarial, tratándose de salarios medios altos. Algo similar ocurre con el macro sector de la construcción, englobando no sólo la construcción en sí, sino sus industrias auxiliares, que supone una destrucción muy significativa de puestos de trabajo, también con retribuciones medias relativamente altas, que habían alcanzado al final del “boom” inmobiliarios. Y, como un elemento más, las nuevas formas del mercado laboral con contratos temporales, de muy pocas horas, que se renuevan a veces diariamente, muy dependiente de un sector servicios con menos capacidad de generar ganancias de productividad –y donde con frecuencia no se recogen en contrato todas las horas efectivamente trabajadas, y sus circunstancias de festivos y horarios no ordinarios-, dando lugar a un nuevo mercado de trabajo, precario, con desigualdades entre clases de trabajadores, entre empresas, y donde las remuneraciones medias caen. Las circunstancias actuales del mercado de trabajo y de los salarios en España, forman parte –aunque aquí de manera más acentuada- de una tendencia general que se explica, se agrava, o se evita, por dos fenómenos fundamentales. Uno es que la transformación tecnológica y de la producción puede ser el motivo principal de la caída salarial media, ya que la aparición de las fabulosas compañías tecnológicas, y sus efectos sobre buena parte de los sectores productivos –desde las reservas de alojamiento, a las ventas de productos- crean unas descompensación en el reparto de las ganancias de productividad – y no sólo entre trabajo y capital, sino entre tipos de empresas-, que se manifiesta en la fuerte capitalización bursátil o ganancias de capital. Esta realidad encaja con los trabajos de Piketty de que las ganancias de capital crecen por encima del producto bruto de la economía, lo cual desde la lógica de la función de producción a que nos referíamos antes, sólo puede ser así por una fuerte concentración del capital entre empresas, y a costa de las rentas medias del trabajo. Esto explicaría la paradoja de países como Estados Unidos, o Gran Bretaña, donde un paro bajísimo coexiste con salarios medios bajos. Y es distinto en Alemania, donde la escasez de mano de obra especializada en una industria potente, sí presiona a aumentos salariales; también se da en sectores industriales en Gran Bretaña, donde como continuamente recuerda el diseñador e industrialista Lord Dyson, se necesita personal de ingeniería media para la industria, lo que le ha llevado a crear un centro de formación de ingenieros. En Alemania, por su parte, cuentan con uno de los mejores sistemas del mundo de formación profesional, integrando enseñanza obligatoria o no, con prácticas remuneradas en empresas. 4.- La riqueza intelectual de estas ideas de Política Económica Cinco décadas después de la publicación de “El problema de los salarios en España”, en un mundo completamente distinto, el núcleo del problema y la forma de análisis sigue siendo la misma: considerar una economía productiva, empleos que se corresponden con la calidad de la empresa, y un entorno institucional que requiere un liderazgo político de acuerdo con nuestra realidad, y no se conforme con las aparentes mejoras del mercado de trabajo, llenas de contradicciones cuando se analizan las formas del empleo, las horas efectivamente trabajadas, y la tasa de participación a tiempo completo de la población en edad de trabajar en España. Hay fenómenos nuevos como la integración en las cadenas de valor de la producción globalizada; los precios internacionales sujetos a presión bajista; y los retos de la automatización, las nuevas demandas laborales y exigencias formativas. Pero son fenómenos que pueden sistematizarse, valorarse en su importancia en los distintos sectores de la producción, e incorporarse al análisis que el profesor Jané propuso en su día, donde los factores económicos que se mueven en torno a la productividad, se unen a la forma institucional del mercado de trabajo y sus políticas. Pocas aportaciones hemos visto en la economía española en los últimos cincuenta años, que tengan la relevancia, poder analítico, visión, y actualidad, que la que en su día concibió el profesor José Jané Solá desde el ámbito de estudio de su materia, la Política Económica; por eso, recordarlo aunque sea en esta breve nota, no es solamente un motivo de justo reconocimiento, sino también una ocasión para mostrar la satisfacción y orgullo de haber disfrutado de sus enseñanzas en un momento de nuestra juventud en que tanto se necesita el soplo de un espíritu libre. *****

14.- ¿Sabías que… (sección coordinada por Aurelia Mañé Estrada, Universitat de Barcelona)   … las políticas económicas de la transición a la modernidad: de Eiximenis a Feliu de la Penya (por Francesc Roca, Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, Universitat de Barcelona   Cuando confeccioné y publiqué, allá por un lejano 1988, La Política económica del siglo XX, entre Zurich y la sombra de Keynes (Vilassar de Mar, Oikos-Tau, 1988) no había leído, por ejemplo, la voz “Banks. The origins of central bank” de la Enciclopaedia Britannica. En ella, George A. Selgin explica que: “The concept of central bank can be traced to medieval public Banks. In Barcelona, the Taula de Canvi (Municipal Bank of Deposits) was established in 1401 for the safekeeping of city and private deposits but it was also expected to help fund Barcelona’s government”. Unos años más tarde, en 1413, este banco público municipal se convirtió, también, en banco de la Generalitat de Catalunya, que había sido creada en 1359. Necesitar y crear un banco público con funciones de banco central implica la existencia de bancos comerciales, con -como ha de ser- una cierta pasión por el riesgo. Esta banca privada era la otra cara de una actividad comercial de grandes dimensiones, que, en aquellos tiempos, utilizaba, básicamente, los caminos del mar. Esta actividad debía ser regulada, con la dificultad añadida de que, en el mar, más allá de las aguas territoriales, los estados no tienen jurisdicción. La primera edición impresa de la regulación de todos los aspectos de la práctica del comercio internacional fue: Llibre de Consolat dels fets marítim. Barcelona, 1484. Siguieron, otras ediciones, y las traducciones. Al italiano, desde 1519, al castellano des de 1539, al francés desde 1577, al latín en 1660, al holandés en 1704, al alemán en 1790. Curiosamente, el Llibre se tradujo al inglés en 1874, cuando -después de siglos- este código marítimo dejaba de ser usado masivamente. El comercio internacional marítimo a gran escala necesita, aunque se regule privadamente, necesita estructuras de estado, que son, siempre, resultado -y, a la vez, motor- de una determinada organización económica. Detrás de las Taules de Canvi y del Llibre del Consolat, existe toda la legislación pactada en las Cortes con la Corona, impresa a partir de 1495, y, también, ideas -en algunos momentos, brillantes- de lo que, en el siglo XX, se llamará Política Económica. Quizás, un buen ejemplo de ello sea un libro de Francesc Eiximenis: Regiment de cosa pública (Primera edición: València, 1484). Eiximenis, que había ampliado estudios en Oxford y en Paris, escribe que “aital regiment requerirá gran estudi”. Y, advierte que “la llei deu ser feta per profit de la cosa pública … sia regne, o ciutat, o vila, o castell”. Las leyes para favorecer, en provecho, de la cosa pública, de lo público, en todos los ámbitos: desde el mayor, el reino, hasta la microciudad que es un castillo. Sin alejarnos de este período de transición del mundo feudal al capitalismo comercial y l modernidad, es preciso que nos fijemos en el significado de la edición de: Llibre dels secrets de agricultura, casa rústica y pastoril (Perpinyà, 1617) de Miquel Agustí. Este manual dedicado a mejora de las actividades prácticas entorno a la producción agropecuaria se convirtió en un best-seller. Lluís Argemí, que ha sido decano de la Facultat de Economia i Empresa de la UB, localizó, entre 1617 y 1785, hasta 20 ediciones del libro. La primera, en Perpinyà, las otras -del libro traducido al castellano- en Barcelona (12 ediciones), Madrid (4 ediciones) y Zaragoza (3 ediciones). La gran difusión de este manual sólo se explica por la existencia de la demanda de un público lector que no es otro que el agricultor que necesita mejorar sus procesos productivos, entre los que se incluye la construcción de la casa rústica y pastoril. Este agricultor emprendedor de 1617 es el sector que había ido creciendo y ampliándose a partir de la Sentencia de Guadalupe (1486), que siguió al Compromiso de Amer (1485). Una sentencia y un compromiso que ponían fin a una larga revuelta antiseñorial (la Guerra dels Remences ) y abrían el paso a la generalización de la enfiteusis y la formación de unos nuevos agricultores que transformarían el campo catalán en lo que el profesor Manuel Marcillo definía en un libro de 1685 como “ciudad continuada”. En las ciudades del incipiente capitalismo comercial, sin embargo, se estaba generando un fenómeno que sería motivo de preocupación: la nueva pobreza urbana. Para buscar soluciones de políticas públicas, Joan-Lluís Vives i March escribió: De subventione pauperum (Brujas, 1526). Un análisis de los mecanismos de generación de la pobreza y un conjunto de propuestas político-económicas en manos de los gobiernos municipales. El origen del moderno Estado del Bienestar. Traducido del original latino y editado en las principales lenguas vehiculares. Un ejemplar de la traducción inglesa de 1917, en la New York Public Library. La reflexión y las propuestas de Vives serian continuadas por Miquel de Giginta en: Tratado de remedio de pobres (Coimbra, 1579. Otras versiones: Perpinyà, 1584, Zaragoza, 1587). En algunos momentos, sin embargo, las crisis alimentarias (en concreto, las crisis trigueras) pueden tener grandes dimensiones. Aquí también, hay que tener en cuenta las contribuciones del análisis económico a la definición del papel de las administraciones públicas. Por ejemplo, el Tractat especial qual sia just el preu del blat en la isla de Menorca (Palma de Mallorca, 1650) de Francesc Marçal. Un texto político-económico que, por su interés, ha sido reeditado, en 2005, junto con la traducción castellana, por Juan Hernandez-Andreu. Un motor de la transición hacia la modernidad son las compañías privilegiadas: grandes empresas comerciales que reciben el apoyo de la Corona y de las administraciones públicas, que, también deberán actuar en campos como, por ejemplo, el hospitalario. El modelo es el de las compañías de las Indias holandesa e inglesa. De ahí, el interés de las contribuciones del empresario, político y economista Narcís Feliu de la Penya. En especial, su Politico discurso. El comercio y las artes en Cataluña (Barcelona, 1681), donde la política – de la Monarquía, la Generalitat, el gobierno municipal y el Puerto de Barcelona- actúa en el proceso económico: en las artes (la industria) y el comercio (los mercados). Feliu de la Penya -junto con otros- fue el promotor de una de esas empresas comerciales que actuaban como compañías privilegiadas: era la Companyia Nova de Gibraltar (que hoy conocemos, sobre todo, gracias a la monografía que le dedicó Pierre Vilar). Muchos años más tarde, las compañías privilegiadas serian objeto de duras críticas por parte de los economistas que seguían la brecha abierta por Adam Smith. Por ejemplo, en: Economia Política (1816) de Eudald Jaumeandreu, un texto que recuperó y re-editó Ernest Lluch.

15.- Reseñas

(sección coordinada por Maja Barac. Departamento de Economía Aplicada, Universitat de València)

• Eucken, Walter (2017, 1952): Principios de Política Económica. Aranzadi, Madrid.

(por Antonio Sánchez Andrés, Departamento de Economía Aplicada-Política Económica- Universidad de Valencia)

Este libro es una traducción de la versión original publicada en 1952 y traducida inicialmente al español en 1956 (Ediciones Rialp, bajo el título Fundamentos de Política Económica). Esta obra se publicó a título póstumo puesto que Walter Eucken falleció en 1950. Ya en Noticias de Política Económica, en su número 8 de 2015, en la sección “Repensando las raíces de la Política Económica, nos hicimos eco de este libro y subrayamos aspectos de su actualidad para la Política Económica. Ahora la editorial Aranzadi está poniendo de relieve la importancia del pensamiento de Eucken al promocionar y difundir una nueva edición de este libro.

Como en el mencionado número de Noticias de Política Económica ya se reseñaron sus contenido esenciales, en este caso destacaremos la importancia e influencia de las ideas de Eucken y, en particular, de este libro que resumía su gran contribución no sólo al pensamiento económico sino a la política económica práctica. En esta obra se concretaron los principios que inspiraron a Eucken. El nucleo esencial es el valor positivo de la competencia, que es posible siempre que exista un sistema estable de precios. Por supuesto, este tipo mecanismo se sustenta en la buena consideración que tenía el autor sobre la propiedad privada y acerca de la libre contratación. No obstante, este economista alemán destacó que la propia dinámica de la búsqueda de beneficios conducía a los agentes económicos a agredir la competencia mediante la constitución de cárteles o monopolios y, por este motivo, justificaba la existencia de un Estado fuerte que definiese bien el marco global de referencia (ordenación económica). Esta política económica se debería combinar con otra que generase confianza a los agentes económicos. Así pues, esta concepción, la ordoliberal, se aleja de la tradicional liberal y también de la que posteriormente ha sido denominada como neoliberal (término este último, por cierto, acuñado en 1938 por Alexandr Rüstow, persona vincula a Eucken, para expresar la existencia de una nueva concepción liberal distinta de la ligada al laissez-faire tradicional).

Quizá una de las ventajas de la nueva edición del libro de Eucken es poner de manifiesto el gran impacto que tuvo tanto este autor como el grupo que se creó a su alrededor, que heredó y trasladó su pensamiento. En términos teóricos, la escuela ordoliberal se constituyó en el periodo de entreguerras, momento en que el capitalismo quedaba arrinconado por dos propuestas alternativas que gozaron de gran popularidad: el socialismo-comunismo y el fascismo. En estas condiciones, se atisbaba el final del capitalismo. En esos momentos, surgiereon dos respuestas en defensa de la economía de mercado, a saber, la continental, encabezada por Eucken, y la británica, defendida por Keynes. Después de la II Guerra Mundial, las propuestas más llamativas fueron el socialismo soviético en el este de Europa y la extensión del keynesianismo. Sin embargo, el enfoque de Eucken presentó una influencia práctica que ha quedado silenciada, a pesar de su gran trascendencia.

En particular, la obra de Eucken se plasmó, primeramente, en las reformas de postguerra aplicadas en Alemania, siendo personajes esenciales Ludwing Erhard, promotor del plan de estabilización alemán de 1948 y el artífice del milagro económico alemán, junto con Alfred Müller-Armack, que acuñó el término “economía social de mercado”. Adicionalmente, el pensamiento ordoliberal tuvo una incidencia esencial en los planes de estabilización de postguerra también en Italia, impulsado por Luigi Einaudi, y en Francia, apoyado por Jacques Rueff. Finalmente, la influencia del ordoliberalismo fue esencial en el diseño del plan de estabilización en España en 1959 e impulsado por Juan Sardá. Adicionalmente, a través del ímpetu alemán, la influencia de la escuela ordoliberal ha sido esencial en la forma en cómo se ha construido la Unión Europea y las políticas económicas que está aplicando. En este sentido, este trabajo de Eucken puede permitir mejorar la consciencia acerca de la existencia de otras fuentes de inspiración de política económica más allá de las anglosajonas, en particular la germana, que aparentemente ha quedado arrinconada, a pesar de la gran influencia práctica que ha tenido en la realidad.

Así pues, cabe aplaudir la iniciativa editorial de Aranzadi, pues pone a disposición del lector un libro que ofrece una perspectiva teórica diferente, al tiempo que ayuda a construir nuevas formas de entender la realidad actual fuera de clichés encorsetadores. Esta última característica es esencial puesto que permite orientar la mirada a otros puntos de generación de ideas, con reconocida aplicación práctica, que pueden abrir nuevos caminos hacia una respuesta a la crisis económica actual que padecemos

• Costas, Antón: (2017): El final del desconcierto. Un nuevo contrato para que España funcione. Península, Barcelona.

(por Emèrit Bono Martínez, catedrático honorario de Política Económica Universidad de Valencia)

Es un libro excelente. Su lectura constituye un alarde de inteligencia y placer analítico de la economía española nada abitual dentro de los páramos de la política económica. Une su pasión por la búsqueda de un nuevo pegamento (contrato social) para la sociedad que permita seguir viviendo juntos con armonía y seguridad económicas. Y para ello nuestro autor procede a analizar cinco retos que a su juicio tiene nuestra economía en la actualidad: estabilidad económica, o sea, una economía menos maniaco-depresiva; crecimiento, es decir, las fuentes olvidadas de la productividad; eficiencia o el valor social de la competencia; distribución, dicho en otras palabras, mejor redistribuir que endeudarse; y la democracia, como mejor manera de repartir responsabilidades.

¿Qué motivos inducen al profesor Costas a realizar este ensayo sobre la economía española?. Tres razones precisa el autor. Primera, la mayor intensidad de la crisis económica en España, el profundo malestar social y las convulsiones políticas que estamos sufriendo consecuencia de la quiebra del contrato social que estaba vigente desde el inicio de la democracia. Segundo, el profundo desacuerdo del profesor Costas con la visión oficial de las causas de la crisis y de cómo se ha gestionado, así como de las políticas que ahora se proponen para fomentar la competitividad, el crecimiento y el empleo. Tercero, la escasa potencia redistributiva del Estado del bienestar y las carencias institucionales de la democracia que hacen que los procesos de formación de políticas no recojan bien los intereses generales y los objetivos a largo plazo.

Pero antes de abordar los retos de la economía española, nuestro autor fija la escena y encuadra el proceso. ¿Cuáles son las causas de las revueltas sociales y de las convulsiones que está experimentando la sociedad española?. La idea que en el capítulo primero sostiene el profesor Costas es que la causa inmediata de este estado de cosas fue un cambio brusco en la toleranacia social a la desigualdad que tuvo lugar en España a partir del 15 de mayo de 2011. La importancia que le atribuye a la desigualdad es por las consecuencias disolventes del pegamento que toda sociedad liberal de mercado necesita para funcionar armoniosamente. Con este telón de fondo, los cinco retos de la economía-sociedad española, según Costas, adquiere un significado específico. Ciertamente, en esta breve reseña me referiré a algunos de los retos mencionadas. En concreto, destacaré los retos de la eficiencia, crecimiento vs productividad y la distribución.

Se conocen bastante bien las causas principales de la desigualdad y la pobreza en España, que han sido la caída de ingresos de los hogares provocada por el elevado paro y la disminución de los salarios. Pero se conoce menos otra fuente de desigualdad y pobreza: la nula competencia en muchos mercados de bienes y servicios. Esta falta de competencia genera que los márgenes comerciales y de precios en esas áreas económicas sean mucho más elevados en España que en otros países europeos. Precisamente, tal como destaca el profesor Costas, los bienes y servicios suministrados a los hogares, como la vivienda, el gas, la electricidad y los servicios informáticos son quasi-monopolios con la consiguiente capacidad de imponer precios más elevados que los que correspondería según el criterio de mercado competitivo. Por ello, la falta de competencia y eficiencia de los mercados tiene un elevadísimo coste social. De hecho, junto con la disminución de ingresos derivada del creciente paro y la caída de los salarios, constituyen el factor que mejor explica el aumento de la pobreza en España. En definitiva, según Costas, la política de defensa de la competencia es en la actualidad una dimensión esencial de la política social contra la pobreza y la desigualdad… sin embargo, no está en el debate público ni en la agenda política del gobierno (pag. 141).

Sorprende el capítulo sobre el crecimiento-productividad, la combinación que lleva a cabo de los diversos factores que inciden en la productividad. Así, en el cuadro “tipología del crecimiento económico” (pag. 178), sitúa en el eje vertical las capacidades fundamentales tradicionales de la productividad (baja o alta): la calidad de las instituciones políticas y regulatorias, el capital humano, el capital tecnológico y el capital social fijo (infraestructuras). En el eje horizontal, aquello que ha llamado factores olvidados: la dimensión de la empresa, la calidad de la gestión empresarial y el clima sociolaboral. Estos tres últimos factores los denomina Dani Rodrik, tasa de industrialización, que puede ser lenta o rápida. Este cuadro nos permite identificar los elementos básicos de una estrategia de crecimiento para el futuro, al tiempo que constituye una aportación novedosa que nos permite entender y proyectar políticas de crecimiento económico.

La desigualdad española no se derivan del aumento de los ingresos de aquellos que están en la parte alta de la distribución, sino de la caída de los ingresos por abajo, que muestra su peor cara en el desplone de las rentas del 20 por ciento de los hogares más pobres y que se agudiza más todavía si se considera los hogares pobres con niños. La tasa de pobreza en los hogares con niños es del 28 por ciento que se eleva al 42 por ciento en familias monoparentales con hijos y al 44 por ciento si el numero de hijos es de tres o más. Un dato dramático.

Reducir la desigualdad debía ser un objetivo prioritario de las políticas públicas. Pero aquello que se pone de manifiesto en el libro del profesor Costas es que no sólo esa prioridad es obvia sino que también las relaciones entre equidad y eficiencia han dado un giro copernicano en los últimos años. Apoyándose en nuevas series de datos sobre el comportamiento de muchos países en un dilatado periodo, ha aparecido una nueva evidencia empírica(estudios de la OCDE y del FMI), muy robusta estadísticamente, que muestra que, bajo algunas condiciones una menor desigualdad produce economías más eficientes y más equitativas. Esta nueva evidencia puede acabar siendo una verdadera revolución en la política económica en relación con la distribución. El autor subraya que esto es una buena noticias.

Después de todas estas observaciones realizadas por el profesor Costas, propone la necesidad de un nuevo contrato social para que España funcione (leer subtítulo del libro). En esta dirección, en la página 314, el profesor Costas, en el cuadro denominado “Tipos de contratos social”, muestra cuatro variedades. En primer lugar, el contrato cosmopolita tecnocrático (caracterizado, esencialmente, por una globalización sin límites, una sociedad individualista y una democracia liberal), en segundo término, el contrato populista de derechas (definido por una antiglobalización, sociedad individualista y democracia autoritaria), en tercera posición, el contrato populista de izquierda (marcado por rasgos de antiglobalización, igualitarismo y democracia limitada) y, en cuarto puesto, el contrato liberal-socialdemócrata (con los rasgo de globalización condicionada, fuerte redistribución y democracia liberal). Todas estas opciones son legítimas según el profesor Costas y aquello que puede hacer el analista es ayudar a los ciudadanos a comprender los posibles efectos de uno y otro contrato social sobre el crecimiento y el progreso social. En definitiva, el experto ha de hablar a la sociedad y no sólo al poder.

Deberían acabarse estos comentarios añadiendo algunas matizaciones. A los cinco retos apuntados debería añadirse algunos más como se trata de las políticas sobre recursos naturales, las energéticas y aspectos del cambio climático, elementos que condicionarán seriamente nuestro futuro. Adicionalmente, quizá sería mejor sustituir la idea de “pegamento social”por otra como la de “conciliación”, que estaría más acorde con la visión de que la política económica es la gestión del conflicto social. Para finalizar, debería subrayarse que el contrato futuro debería incorporar explícitamente las características de seguridad económica, el fin de la dominación y la libertad de elegir cómo vivir la vida. En definitiva, quienes son ricos por herencia ya dispone de estas posiblidades. Pero estas características no pueden ser exclusivas de este grupo social en una sociedad democráctica profunda y, por tanto, deberían extenderse al resto de la sociedad. Claro que convertir todo esto en una realidad implica una redistribución masiva de la riqueza y, con ellas, una redistribución masiva del poder.

• Tomás Carpi, Juan A. y Sánchez Andrés, Antonio: (2017): Conflictos de mercado y de estado en la política económica. Tirant lo Blanch, Valencia.

(por Maja Barac, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Valencia)

Nos encontramos ante un libro corto, de poco más de 150 páginas con una redacción exquisita sin ser complicada, hecho que dificulta presentar la obra mediante un resumen, ya que se corre el riesgo de desvirtuar el mensaje o al menos descafeinarlo. La obra puede ser vista casi a modo de artículo científico extenso, sobre todo desde el punto de vista de la estructura, con una introducción seguida de cinco capítulos más que desarrollan el planteamiento con una metodología descriptiva y una conclusión a modo de cierre. También puede servir como un manual o lectura complementaria de una asignatura de introducción a la política económica, pero incluso podría ser considerado como parte de un “libro blanco” sobre política económica.

La temática gira en torno una explicación y justificación sobre la necesidad de tener instituciones públicas fuertes y socialmente responsables, así como, una buena política económica. Sin embargo, los conceptos académicos tradicionales se modernizan con una propuesta adaptada al mundo actual globalizado, financiarizado y bajo la amenaza de una importante crisis ecológica que deriva en problemas de índole económica, pero también social y política. Aunque el libro está plagado de ejemplos generalmente de España, del resto de Europa o de América, que enriquecen la explicación y amenizan su lectura, dicha propuesta no está directamente ligada a ningún país en concreto y podría ser prescriptiva para cualquier nación desarrollada, capitalista y democrática. Es más, las propias exigencias del contexto actual globalizado, tal y como apuntan los autores, requeriría de una mayor interacción entre las políticas económicas nacionales y de la creación de instituciones que puedan lidiar con esta complejidad internacional. Como además esta revisión se centra en la fase de la construcción de los cimientos de las instituciones y de la razón de ser de la política económica, la argumentación descansa sobre valores que son comúnmente deseables para cualquier sociedad.

Detallando un poco más en profundidad el contenido, la introducción exhibe un resumen bastante clásico sobre las pretensiones, temática y estructura del libro. También ahí se explica que los conceptos de fallos de mercado y fallos del estado, que son tratados en los sucesivos capítulos, han sido renombrados como “conflictos” para reforzar la idea de que “tiene(n) en cuenta la diversidad de intereses” y que la ausencia de intervención institucional no permite que dicho conflicto desaparezca.

El segundo capítulo presenta el papel del estado en las economías de mercado. Comienza exponiendo las interacciones que suelen existir entre el mercado y las instituciones públicas en un estado capitalista que se manifiestan en su creación, regulación, estabilización, legitimación y transformación. Dado que la Política Económica descansa sobre valores (ideología) se empieza exponiendo cuáles son los valores o “criterios-guía” que los autores consideran esenciales para establecer el marco y guía de la actuación de las instituciones. Aunque la lista es larga destacaremos los siguientes: libertad y seguridad (los fundamentales), crecimiento, sostenibilidad, inclusividad, resiliencia, transparencia y eco-eficiencia. Dichos valores son los que deben respaldar las funciones del estado (influir el comportamiento de los actores económicos, permitir desarrollar recursos, ayudar a solucionar conflictos, etc.) y servir de base para las diez reglas que los autores consideran que debería seguir un gobierno socialmente responsable (facilitar y fomentar la inversión e innovación empresarial y social, desarrollar las libertades, asumir un compromiso con la educación, institucionalizar la evaluación de políticas públicas, etc.).

Los siguientes tres capítulos se corresponden con la exposición de los conflictos del mercado, concretamente de: eficiencia asignativa, desequilibrios macroeconómicos y desarrollo, y distribución de la renta, estabilidad y calidad de vida. En el primero de ellos se explican los conflictos que se derivan de la existencia de monopolios, externalidades, información asimétrica, rigideces, riesgo moral, etc. Todos estos conflictos son presentados con mucho detalle y ejemplificados. Un elemento más “novedoso” que se incluye es la financiarización y se recalcan las inherencias propias del mercado derivadas de la existencia de ciclos económicos, que durante la “gran moderación” fueron eliminados de los análisis neoliberales. El siguiente bloque (capítulo cuatro) ahonda en los conflictos que genera inestabilidad sistémica en el mercado auto-regulado derivados de la existencia de incertidumbre y efectos auto-reforzantes procedentes del comportamiento de los actores y las interdependencias. Además, la auto-regulación puede resultar en exceso de producción, recalentamiento de la economía, desequilibrio externo, entre otros, todos ellos conflictos que pueden darse conjuntamente o reforzarse entre ellos generando problemas al desarrollo económico o a la sostenibilidad económica, social y política. Dados los crecientes problemas que el ser humano y el desarrollo insostenible están generando sobre el eco-sistema, es importante destacar la necesaria insistencia de los autores en que se contemple esta cuestión ecológica en el perfilado de una política económica responsable y actual. En el capítulo quinto se insiste en los conflictos que tienen un impacto más directamente social: cubrir las necesidades básicas, igualdad de oportunidades, calidad de vida e inestabilidad, social política y económica. Aquí se recoge el concepto de bienes para la “buena vida” (Skidelsky y Skidelsky, ¿Cúanto es suficiente? Qué se necesita para una buena vida”, 2012) un concepto que excede lo material y económico y que manifiesta otra de las características que se necesitan para una política económica más adecuada para lograr los valores esenciales, el carácter multidisciplinar del enfoque y análisis. En resumen, ante los conflictos de mercado la clave de consistiría en la necesidad de tener instituciones fuertes y comprometidas con la mejora constante, no necesariamente grandes para “sobreproteger” al ciudadano, sino que puedan “educar” o “re-educar” al mercado usando de guía los valores fundamentales expuestos por los autores.

Seguidamente se dedica un capítulo a los conflictos de estado. Una matización relevante que hacen los autores es que los conflictos del mercado son “de naturaleza distinta a los del mercado” de modo que su existencia no es justificación suficiente para reducir la intervención estatal, sino más bien al contrario, requiere de más trabajo e instituciones independientes para solucionar también dichos conflictos. Los conflictos del estado (captura del regulador, exceso de burocratización, puertas giratorias, etc.) derivan casi siempre de la suplantación de los intereses sociales por intereses particulares (de los partidos políticos, actores públicos, actores de mercado, grupos de presión nacionales e internacionales) que favorecen a ciertas minorías y generan efectos negativos y costes económicos, sociales y políticos sobre la sociedad civil en su conjunto. En este punto los autores critican el pensamiento dominante que suele desdeñar “distintos paradigmas económicos, o líneas de pensamiento con distinta matriz ideológica, en la elaboración de la política pública”.

El libro se cierra con una conclusión con pretensiones prescriptivas. Sin ánimo de destriparla en demasía apuntaré algunos conceptos clave que en ella se reflejan. Debe fomentarse una sociedad civil crítica y desarrollada y la vía fundamental es la educación, el referéndum puede ser una vía adecuada para legitimar ciertas decisiones de política económica. Debe haber competencia entre paradigmas económicos alternativos e interdisciplinariedad, para reducir las oportunidades de generar fallos de estado, introducir pluralidad y dar mayor legitimación a las decisiones. Finalmente, los conflictos deben de ser los motores para el cambio y la mejora de las instituciones, de la política económica y de la sociedad.

16.- Nota Necrológica: Jesús Ángel Dopico Castro

El pasado 17 de marzo falleció el profesor Jesús Ángel Dopico Castro, de la unidad docente de Política Económica de la Universidad de A Coruña (UDC). Nacido en O Val (Narón, A Coruña) en 1971, era Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (obteniendo Premio Extraordinario) y Doctor en Ciencias Económicas por la UDC. En 1996 se incorporó como docente a la Facultad de Economía y Empresa de dicha universidad, llegando a ser Profesor Titular de Universidad (área de Economía Aplicada) en 2003. A lo largo de su carrera profesional impartió materias de Política Económica, Finanzas Internacionales y Economía Ambiental, tanto en la facultad mencionada como en la de Ciencias, así como en la Escuela Universitaria Politécnica. Fue también profesor-tutor en el Centro Asociado de la UNED de Pontevedra y profesor en la E. U. de Trabajo Social de la Universidad de Santiago de Compostela. Sus líneas de investigación se centraban en la Política Medioambiental y la Economía del Deporte. Era miembro del Grupo de Investigación Persona-Ambiente (GRIPA) y del Consejo del Instituto Universitario de Medio Ambiente de la UDC. Entre sus múltiples publicaciones de política económica, pueden citarse: Dopico, J. A. (2004): “Instrumentos de política económica ambiental en Galicia: Una síntesis”, Revista Gallega de Ciencias Sociales, 3, 75-90Dopico, J. A. e Iglesias, G. (2010), Economía sostenible: Teoría y política, Netbiblo, A CoruñaIglesias, G., Del Río, P. y Dopico, J. A. (2011) “Policy analysis of authorisation procedures for wind energy deployment in Spain”, Energy Policy, 39, 4067-4076Erias Rey, A. y Dopico, J. A. (2013): “Política medioambiental”, en L. Gámir (dir.), Política Económica de España, Alianza Editorial, Madrid, capítulo 7Dopico, J. A. y Erias Rodríguez, A. (2017) “Los mercados de las políticas climáticas y energéticas: implicaciones tecnológicas y sobre el mercado de derechos de emisión”, Información Comercial Española, 895, 111-124.Erias Rey, A. y Dopico, J. A. (2017): “Bases críticas para una lección sobre las relaciones entre crecimiento económico y equilibrio ambiental: Una síntesis”, en E. Bono y A. Sánchez Andrés (coord.), Política económica frente al neoliberalismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 101-114.   En la Unidad Docente de Política Económica echaremos de menos a una persona de la calidad humana y profesional de Jesús. D. E. P.